Proyecto se encuentra en estudio de factibilidad
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) arrancará el 2025 con un plan de colocación de, al menos, 200 cámaras viales, las cuales tendrán el objetivo de para multar a aquellos conductores que cometan infracciones en carretera.
Paula Reyes, secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), dijo a Diario Extra que las fotomultas son una iniciativa privada que viene de un inversor con un proyecto que ya se encuentra en el estudio de factibilidad.
“Tienen seis meses para presentarla. Según entiendo, quieren presentarla antes, después de eso tienen seis meses para estructurarse, en caso de que se les acepte, y posiblemente al final del próximo año podríamos hablar de la licitación”, dijo a Diario Extra.
En el ministerio aseguran que esta medida pretende aliviar la falta de oficiales de la Policía de Tránsito, que cuenta con aproximadamente 600 miembros, mientras que la flotilla vehicular incrementa cada mes.
“Tenemos que pensar fuera de la caja y ver cómo podemos lograr una mayor prevención, también que no haya tanta impunidad con todas las irresponsabilidades que se cometen en carretera”, afirmó Mauricio Batalla, titular del MOPT, sobre la colocación de cámaras.
Posible ilegalidad
Hablar de fotomultas no es nuevo.
En 2012, la Sala IV emitió un criterio donde declaraba inconstitucional esta práctica porque se incurre en una “violación al debido proceso y derecho de defensa” de las personas multadas, ya que se notificaría vía edicto a aquellos autos que cuentan con una sanción. El abogado Ewald Acuña explicó a este medio que el sistema de multas impuestas por cámaras se declaró inconstitucional por estimar que se violaba el principio de inocencia ya que no se sancionaba al conductor del vehículo que infringía la norma, sino que la multa recaía sobre el vehículo.
“Si el proyecto que se pretende revivir no corrige estos problemas es muy probable que la Sala Constitucional reitere el criterio”, expresó el experto.
Mauricio Garro, exdirector de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes de Costa Rica (Prodhab), indicó a Diario Extra que, además de dicho voto, el MOPT deberá reformar el sistema previo, pues “en Costa Rica tenemos un problema de avance tecnológico con materia de ciberseguridad, con los controles para evitar que la información se desperdigue y que incluso pueda llegar a manos de terceros inescrupulosos”.
En 2020 se impulsó el Sistema Integrado para el Control de la Movilidad (Sicom) con una inversión total de $54 millones, sin embargo, las limitaciones presupuestarias provocaron que se estancara. Dicho programa fue suscrito entre el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y el consorcio Gestión Tecnológica ITS.
Norman Montanero
Conductor
“Las cámaras es muy bueno porque muchos se cuidarían más, pero tampoco es que van a eliminar la velocidad porque el que quiere hacerlo lo hace, más que no van a detenerlo en ese momento. Vienen los problemas más delante de igual forma”.
Alberto Ureña
Conductor
“Deben estar demasiado seguros de lo que van a revisar y de la tecnología porque hay cámaras que fallan y les hacen multas a las personas que no han cometido el delito, así uno no tiene forma de defenderse, por eso las quitaron”.
Silvia Bolaños
Cámara Nacional de Transportes
“Nosotros como servicio público hemos insistido en que no podemos avanzar en proyectos de modernización como carilles exclusivos si no tenemos mecanismos de control en estas zonas. Esto nos permitiría establecerlo, además de que viene a beneficiar sobremanera al MOPT”.
Mauricio Garro
Abogado y exdirector Prodhab
“Van a tener que lidiar con políticas de privacidad donde deban resguardar, por ejemplo, la imagen de las personas que se puedan reproducir en las fotografías o el número de placa, que es un indicador indirecto del dato personal con el cual podemos llegar a los sujetos”.
Rubén Vargas
Representante sector taxista
“Antes de pretender levantar un muerto, como las cámaras en la calle, deberían tener un poquito más de vergüenza y poner más tráficos a controlar el transporte ilegal que está destruyendo el transporte público de este país”.
Carolina Delgado
Diputada PLN
“Se deben considerar varias limitaciones, que las cámaras deben instalarse en lugares con alto número de incidentes, con base en estudios previos; en el caso de las multas los procesos deben ser claros y los ciudadanos puedan presentar evidencia y apelarlas”.
