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Con el visto bueno de la Asamblea Legislativa y ante la sobresaturación de los depósitos a nivel nacional, las autoridades de tránsito podrán empezar a desechar o vender los vehículos detenidos en operativos a partir del próximo año.
Así lo detalló Sofía Fallas, viceministra de Obras Públicas y Transportes (MOPT), quien señaló que, tras la aprobación del expediente 24.082, para reformar la Ley de Tránsito, ahora trabajan en la reglamentación necesaria para que las autoridades puedan disponer de dichos vehículos.
“Nosotros vemos con muy buenos ojos esta ley. Nos va a permitir facilitar el proceso para poder disponer de estos vehículos y ya mandarlos a chatarrización, una vez que se realice el debido proceso que se tenga que hacer”, explicó Fallas.
Según el texto aprobado por los legisladores, los conductores tendrán un plazo máximo de dos meses para reclamar los vehículos detenidos. Una vez transcurrido ese periodo, los automotores pasarán a manos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para ser convertidos en chatarra, vendidos en remate o incluso donados a otras instituciones.
“En caso de que existan organizaciones sin fines de lucro o instituciones públicas interesadas en el vehículo, Cosevi podrá donar de igual manera los vehículos que le sean solicitados por estas”, señala el artículo 155 bis.
Este panorama mejoraría el manejo de dichos vehículos por parte de las autoridades de tránsito, pues, según los propios informes, actualmente los depósitos se encuentran sobresaturados.
Sofía Fallas
Viceministra MOPT
“La ley nos permite hacer remates, es algo que antes no podíamos hacer. Esto nos facilita muchísimo poner los vehículos en disposición y poder sacarlos de los predios e ir liberando; estamos trabajando ahorita muy fuerte en hacer la reglamentación”.
“Estamos trabajando ahorita muy fuerte en un comité para hacer la reglamentación y poner entonces a caminar este proyecto de ley lo más pronto posible; según la ley, tenemos entre 3 y 4 meses para hacerlo”, especificó Fallas sobre el proceso para empezar a disponer de los vehículos detenidos.
La aprobación de la ley se dio con el respaldo de todas las bancadas de la Asamblea Legislativa, cuyos representantes señalaron la necesidad de facilitar los procesos a las autoridades de tránsito.
“Con este expediente podemos solucionar no solamente los altos costos que se generan al Estado al mantener este tipo de vehículos básicamente botados, además de que esos costos ya no dejarán de ser trasladados al Estado”, justificó Gonzalo Ramírez, del Partido Pueblo Soberano.
Gonzálo Ramírez
Diputado PPSO
“Esos costos ya no dejarían de ser para el Estado, pues se podrán donar hasta después de que se exoneren y se pase con todo el tema administrativo para poder sacar esa, si lo llamásemos correctamente, chatarra de esos predios”.
Por su parte, el legislador del Frente Amplio, Antonio Trejos, señaló la necesidad de mejorar las políticas y campañas de tránsito, al asegurar que “nueve de cada 10 vehículos detenidos en el inventario son motocicletas”.
“En un solo año, Costa Rica sumó casi 30 mil motos más en circulación y en el primer semestre 2024, según los datos que tiene el propio MOPT, se registran un 29% menos de viajes en autobús que antes de la pandemia”, explicó Trejos sobre la necesidad de mejorar la movilidad en el país.
Antonio Trejos
Diputado FA
“Estamos ante un problema de graves consecuencias. Se estima que miles de vehículos, autos y motocicletas permanecen varados en los planteles del MOPT y Cosevi debido a las trabas legales para su retiro, remate o destrucción”.
El texto para la disposición de los automóviles también contempla la posibilidad de que los conductores realicen un arreglo de pago con las autoridades en caso de querer recuperarlos.
Según los datos de las autoridades, los depósitos vehiculares del país enfrentan una sobresaturación de hasta un 153% de su capacidad. De los 19 predios administrados por la Dirección de Tránsito y el Cosevi, solo seis operan sin exceder el espacio disponible.
A nivel territorial, en el 70% de los depósitos de la Gran Área Metropolitana hay más vehículos de los permitidos, pues las autoridades mantienen 46.614 automotores decomisados.
Entre las principales razones de esta situación figuran la acumulación de trámites, la falta de recursos y las dificultades para disponer de los vehículos.



