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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) formalizó el inicio de procedimientos administrativos de responsabilidad civil y disciplinarios para recuperar fondos públicos otorgados indebidamente a altos jerarcas de su Auditoría General, según consta en el Diario Oficial La Gaceta del 29 de junio del 2026.
La investigación administrativa determinó que se realizaron pagos ilegítimos por concepto de anualidades (incentivos por antigüedad) sin que los beneficiarios contaran con las evaluaciones de desempeño obligatorias que exige la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
De acuerdo con la información oficial, las sumas que la administración pretende recuperar ascienden a ₡29.561.062,08 en el caso de una exauditora general de la institución, y a ₡5.267.605,57 correspondientes a un actual subauditor interno.
El órgano director del proceso señala que los funcionarios habrían incurrido en una violación al Deber de Probidad, al no ajustar su conducta a los postulados de transparencia, rectitud y buena fe que rigen la función pública.
Según el Diario Oficial La Gaceta, se estima desproporcionado que los involucrados omitieran consultar al jerarca sobre sus evaluaciones de desempeño por periodos que oscilaron entre los cinco y los once años.
Asimismo, la resolución ministerial N° 2024-000311 detalla que, en el caso del subauditor, presuntamente se giraron instrucciones para que la asesoría legal de la propia Auditoría Interna emitiera criterios parcializados con el fin de inducir a error a la Administración y asegurar así la percepción del beneficio salarial.
Como parte de las resoluciones derivadas de este caso, el Despacho del Ministro ordenó:
La administración ha enfatizado la necesidad de establecer el nexo causal entre estas conductas irregulares y el daño patrimonial sufrido por el Estado, reservándose el derecho de elevar el caso a instancias judiciales si fuera procedente.