Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Mientras el país necesita acelerar el paso para competir en un mundo cada vez más dinámico, nuestros procesos burocráticos siguen anclados en esquemas que privilegian la lentitud por encima de la eficiencia. El caso más emblemático de esta realidad es el funcionamiento de la Contraloría General de la República (CGR), cuyo papel fiscalizador, indispensable para la transparencia democrática, se ha convertido paradójicamente en un cuello de botella que paraliza proyectos de interés nacional.
La reciente iniciativa legislativa presentada por la diputada Ada Acuña para establecer plazos específicos a la Contraloría debe abrir un debate que trasciende las coyunturas políticas y que merece ser abordado con la seriedad técnica que requiere. Más allá de los señalamientos partidarios que inevitablemente surgen en época electoral, existe un consenso ciudadano sobre la necesidad urgente de modernizar los procesos del Estado costarricense sin sacrificar los mecanismos de control que nos han caracterizado como una democracia sólida.
No se trata de debilitar la Contraloría ni de eliminar los controles que protegen los recursos públicos. Se trata de encontrar el equilibrio entre una fiscalización rigurosa y la agilidad que demanda la gestión pública moderna. Cuando un recurso de apelación puede tardar hasta nueve meses en resolverse, como lo evidencia el caso del Sinart mencionado en la propuesta legislativa, no estamos hablando de prudencia administrativa, sino de una parálisis que perjudica el desarrollo nacional.
En plena campaña electoral, es comprensible que este tema se politice. Sin embargo, Costa Rica necesita elevarse por encima de los cálculos partidarios y abordar esta reforma desde una perspectiva estrictamente técnica. La modernización de la Contraloría no debe ser bandera de ningún partido político, sino una necesidad nacional que trasciende colores políticos.
Un análisis técnico serio debe considerar varios elementos fundamentales: primero, la implementación de plazos razonables que permitan una fiscalización adecuada sin generar parálisis administrativa; segundo, la incorporación de tecnologías que agilicen los procesos de revisión y aprobación; tercero, la profesionalización y capacitación del personal para manejar volúmenes de trabajo más ágiles; y cuarto, la creación de procedimientos diferenciados según la complejidad y el riesgo de cada proyecto.
La propuesta de establecer plazos específicos para la resolución de recursos y la aprobación de contratos representa un primer paso, pero debe ser parte de una reforma integral que mantenga intacta la autonomía e independencia del órgano contralor.
Países con sistemas democráticos consolidados han logrado equilibrar la velocidad de sus procesos administrativos con mecanismos de control robustos. Costa Rica debe dar ese paso.