MNPT exige investigar presunta tortura contra privados de libertad
Tras denuncias de la Fiscalía
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) indicó que se debe investigar cualquier sospecha de tortura luego de recibir una notificación de la Fiscalía General de la República sobre presuntos actos de esta naturaleza contra personas privadas de libertad en el Circuito de Alta Contención.
La alerta, notificada formalmente el 13 de agosto de 2026, vuelve a poner bajo la lupa las condiciones del circuito, un espacio sobre el cual el MNPT ya ha emitido múltiples advertencias desde su apertura.
Prohibición absoluta y sin excepciones
Ante los supuestos hechos referidos por la Fiscalía, el MNPT enfatizó que la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es absoluta bajo el marco de la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica, siendo tipificada en el artículo 381 bis del Código Penal.
El órgano recordó que esta prohibición no admite excepciones ni justificaciones de ningún tipo, incluyendo la gravedad del delito imputado, la peligrosidad del privado de libertad, estados de emergencia o razones de seguridad nacional.
“La persecución de la criminalidad jamás justifica la adopción de prácticas arbitrarias o violatorias de los derechos humanos por parte del Estado”, indicó la entidad.
Advertencias previas
Desde la creación del Circuito de Alta Contención en abril de 2025, el MNPT ha elaborado nueve informes técnicos específicos sobre estas instalaciones.
En dichos documentos, el mecanismo advierte formalmente que las medidas restrictivas aplicadas en este circuito “corren el riesgo de constituir un entorno torturante”. Estas advertencias previas ya habían sido remitidas a las autoridades competentes, tales como:
- La Sala Constitucional.
- El Juzgado de Ejecución de la Pena.
- El Ministerio de Justicia y Paz.
Sobre el MNPT
Conforme a la Ley 9204, el órgano cuenta con un mandato de carácter estrictamente preventivo que ejerce mediante inspecciones periódicas, independientes y sin previo aviso a cárceles, celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), delegaciones de la Fuerza Pública y centros de detención migratoria.
Por lo que no tiene la facultad de tramitar denuncias individuales ni de realizar investigaciones judiciales o administrativas, que corresponden por ley a otras instancias del Estado.