Incumplimiento de deberes es la denuncia más común
La Fiscalía General de la República reveló a DIARIO EXTRA que sobre los ministros de la administración Chaves Robles pesan 98 causas por delitos como tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, peculado y desobediencia.
Algunos funcionarios comparten la misma causa, por ejemplo, el expediente 23-000046-0033-PE fue una denuncia elevada en su momento contra todos los miembros del Consejo de Gobierno.
Según los datos, Anna Katharina Müller, ministra de Educación Pública, es la jerarca con más causas abiertas al contar con un total de 15 expedientes en su contra.
La póliza serviría para costear los gastos de las 103 causas abiertas contra los jerarcas.
A pesar de esta cifra, todas se mantienen en etapa de investigación; es decir, aún no se elevan a juicio.
Algunos de los jerarcas señalados ante la Fiscalía explicaron a este medio que no han sido notificados de las causas, mientras que otros cuestionaron el tipo de denuncias que existen en su contra.
“Denunciar a los ministros o al presidente de la República se volvió un deporte para muchos grupos privilegiados que sienten cómo ya se les están acabando sus beneficios y buscan atacar al Gobierno de la República”, manifestó Laura Fernández, ministra de la Presidencia.
Por su parte, Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, dijo que en el ejercicio de las funciones que ejercen los jerarcas de las instituciones se está expuesto a denuncias “frívolas y temerarias”.
Müller y Acosta son los funcionarios con más causas en su contra con 15 y 11, respectivamente.
Aseveró que, pese a esto, “confía en que las autoridades judiciales sabrán darle el trámite correspondiente, resguardando los derechos y garantías de los ciudadanos”.
PÓLIZA RESPONDERÍA POR CAUSAS
Recientemente trascendió la intención del Gobierno de contratar una póliza atípica que serviría para blindar al presidente, los vicepresidentes y los ministros en caso de que cometieran una falta contra terceros y fueran demandados e incluso extraditados.
Dicho seguro no lo pagaría cada funcionario que pueda incurrir o le suceda alguna de estas situaciones, sino que saldría del bolsillo de todos los costarricenses.
La póliza incluye 15 posibles áreas de cobertura. Entre ellas están gastos de abogados por demandas que tuvieran en contra de esos jerarcas, coberturas para quienes incluye el contrato, aun si cambiaron de puesto e incluso ya se retiraron.
También abarca el pago de fianzas impuestas por jueces en el caso de detenciones, gastos de relacionistas públicos para defender la reputación del jerarca, gastos por procesos de extradición, costos de juicios y multas o sanciones civiles, costos por confiscación de activos, de preinvestigaciones e indemnizaciones por violaciones ambientales, entre otros.
A pesar de las críticas provenientes de diputados, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, defendió ese trámite al argumentar que se debían proteger de “denuncias calumniosas”.
