Rodolfo Méndez Mata, titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mintió sobre el pago de su caución correspondiente al periodo 2019; es decir, la garantía que debía pagar por el manejo y administración de recursos del Estado.
DIARIO EXTRA publicó el martes 29 de junio que la Auditoría General de esa cartera recomendó despedir a Susana López Rivera, jefa del Departamento Jurídico, por presunto incumplimiento de deberes.
En aquella oportunidad la oficina de comunicación del MOPT respondió a este medio que \”en cuanto al cumplimiento de las cauciones, don Rodolfo siempre ha estado al día con el pago de las mismas, la presente le cubre hasta agosto de este año\”.
Sin embargo la versión cambió dos meses después y en declaraciones a un medio nacional el ministro Méndez Mata indicó que su seguro estaba vencido, excusándose de que no fue advertido por el Departamento de Recursos Humanos.
El tema cobró relevancia cuando Verny Jiménez Rojas, abogado y funcionario del Departamento de Pesos y Convenciones del MOPT, denunció en la comisión legislativa que investiga el caso Cochinilla que el ministro adeudaba caución y por eso el ministro decidió no investigar a López Rivera, lo cual alegó un presunto conflicto de intereses.
Al reconocer el jerarca la deuda sobre esa garantía se expone incluso al cese de sus funciones, en caso de aplicarse la Ley de Administración Financiera de la República.
El artículo 120 de dicha legislación establece que \”las garantías que rindan los funcionarios públicos deberán mantenerse por el lapso de prescripción de la responsabilidad civil o mientras se encuentre pendiente un procedimiento administrativo por daños y perjuicios. La falta de presentación de la garantía será causal para el cese en el cargo sin responsabilidad patronal\”.
El decreto ejecutivo número 41365 “Reglamento para la rendición de cauciones de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes al tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 8131”, establece en su artículo 10:
“De la responsabilidad para renovar la póliza. El deber y la responsabilidad de renovar la póliza de fidelidad corresponderán a cada funcionario, quien será notificado por la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos sobre su deber de renovarla, por lo menos con un mes de antelación a su vencimiento.
La omisión por parte de la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos en efectuar tal comunicación, no exime al funcionario de su deber de mantener vigente la póliza de fidelidad respectiva, sin perjuicio de la responsabilidad que sobrevenga a la referida Dirección por su incumplimiento”, cita el artículo.
EL CASO
El informe No.DAG-RH-30-2019 \”Eventual Responsabilidad por Incumplimiento del Reglamento sobre las Cauciones que deben rendir los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos\”, recomendó suspender a López Rivera.
La jefa del Departamento Jurídico fue subdirectora de Asesoría Jurídica del Consejo de Transporte Público (CTP), profesional jefe de Servicio Civil 3 desde el 20 de setiembre de 2013.
En enero de 2017 procedió a notificar el pago anual de ¢14.950 de la póliza ante la corredora de seguros GSI S.A. No obstante, en la Auditoría no constó la presentación de la copia certificada de la póliza cuando se desempeñaba en el puesto de profesional jefe de Servicio Civil 3.
Una segunda renovación se hizo el 19 de diciembre de 2017, se aportó una copia fotostática, pero no consta la presentación de la copia certificada de la póliza.
El 8 de marzo de 2018 se rescindió el convenio de préstamo de López Rivera entre el MOPT y el CTP, y de inmediato se ascendió a la funcionaria como jerarca interina de la Dirección de Asesoría Jurídica desde el 2 de abril de ese año.
Cristhian Méndez, secretario de la Comisión de Cauciones, notifica que al ubicarse en el nivel 3 el monto de la garantía subiría a ¢750.000.
Tras una solicitud de información, en marzo de 2019 se determinó que la funcionaria tenía la póliza vencida desde diciembre de 2018, por lo que se determinó el presunto incumplimiento de deberes.
El MOPT no lo encontró daños y perjuicios, desoyendo la recomendación de la Auditoría Técnica.
CONTRADICCIONES
No es la primera vez que Méndez Mata es objeto de cuestionamientos por sus discursos.
Cuando explotó el caso Cochinilla, el 14 de junio, indicó en su reacción inicial que no sabía nada de los eventos que se denunciaron y de inmediato salió a decir a un medio de prensa que tenía conocimiento desde hacía ocho meses.
Después dijo que él puso en autos a las autoridades judiciales sobre los hechos que estallaron por el presunto pago de sobornos de empresarios a funcionarios públicos para favorecerse en adjudicaciones viales.
Sin embargo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo desmintió y dejó claro que el ministro de Obras Públicas y Transportes nunca solicitó una diligencia.
Méndez Mata buscaba aparecer en la foto de primera plana con el presidente Carlos Alvarado cada dos semanas con las frecuentes inspecciones viales, donde aprovechaba para actualizar las obras en ejecución.
Curiosamente desde el 14 de junio no ha vuelto a inspeccionar los trabajos que se ejecutaron y sus apariciones en público bajaron en forma considerable, a tal punto que parece esconderse en su oficina temporal en el CTP.
DIARIO EXTRA trató de obtener una versión del ministro Rodolfo Méndez Mata sobre el cambio de discurso en dos meses, sin embargo sigue negándose a atendernos.