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Un hecho que ha levantado la polémica entre ambas instituciones se dio a finales del año anterior cuando el jefe de la Fuerza Pública, Erick Calderón, dio detalles sobre un abordaje y captura de dos sospechosos de asaltar violentamente las instalaciones de Importadora Monge en Desamparados.
En esa ocasión, el director policial indicó que los sujetos detenidos fueron identificados como Edir Bonilla Fallas y José Enrique Jiménez Monge, de 25 y 30 años de edad; y en cuanto al expediente criminal, Calderón aseguró que uno de ellos contaba con un proceso de semiinstitucional, tal y como quedó referenciado en la cita textual que este medio público para entonces.
“Al menos uno de ellos esta semana había sido detenido por participar de un robo a otra tienda Importadora Monge. Este contaba con una sentencia de tres años, pero le habían otorgado el beneficio carcelario y se mantenía firmando su proceso abreviado. A este hombre se le vincula con un asalto en Aserrí y otro que se dio en Importadora Monge de Heredia”, manifestó entonces Calderón.
CUESTIONAMIENTO
La afirmación tuvo reacción en las redes sociales, donde el ahora ministro Marco Feoli acostumbra compartir su posición, pese a que un alto porcentaje de la ciudadanía no tiene acceso a esta herramienta y no puede conocer la posición del ministerio en temas tan importantes como la liberación de reos.
El ministro señala que lo expresado por el director de la Fuerza Pública es delirante y alimenta el populismo, esto tomando en cuenta que Calderón fue quien dijo que uno de los privados se mantenía en un proceso de beneficio semiinstitucional.
“La policía hizo una revisión por el titular de EXTRA, una vez más, es falso, ninguna de las personas mencionadas allí tenía beneficios penitenciarios, son delirantes las realidades paralelas y, no, no podemos acostumbrarnos a ellas porque de ellas se alimentan los populismos”, expresó Marco Feoli en su cuenta personal de Twitter.
INFORME
DIARIO EXTRA consultó al Departamento de Prensa del Ministerio de Justicia sobre la situación jurídica de los detenidos y confirmaron que no se trataban de reos con beneficio, lo que evidencia que hay una descoordinación institucional que afecta la información que están recibiendo los medios de comunicación.
Este medio ya ha recalcado que el sistema electrónico de información de la población penitenciaria ha pasado por varios procesos con inversiones millonarias, pero aún así no han podido adaptar un sistema que permita la información real y el expediente electrónico de los privados de libertad.
Además, la consulta de datos de la población penitenciaria se hace basado en el reporte de los policías y no se coordina con los diferentes centros penitenciarios para tener con exactitud los datos de uso sensible para la institución.
Por último, esta información tampoco se coordina con los juzgados respectivos, quienes cuentan con bases de datos paralelas de los procesos judiciales de los privados de libertad en el Poder Judicial.