Ministro del MEP promete solución a docentes sin propiedad

Autoridades afinan criterios para otorgar plazas

Miles de casos de posibles plazas en propiedad ya fueron identificados por el Ministerio de Educación Pública (MEP), pero ninguno ha sido otorgado pese a que en 2025 se publicó en La Gaceta la Ley que lo facilita. 

Lo anterior se da mientras la institución avanza en la etapa final del reglamento que permitirá aplicar la Ley 10.777 para docentes y funcionarios administrativos interinos.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, aseguró a Grupo Extra que el proceso se desarrolla un trabajo en conjunto entre instituciones con el objetivo de garantizar que el reglamento cumpla con todos los requisitos establecidos en la normativa.

“Le digo al gremio, al magisterio, que estén tranquilos, porque el trabajo que se está haciendo en coordinación con Mideplan, Servicio Civil, asesoría legal, recursos humanos y sindicatos es un trabajo muy serio y responsable”, afirmó Sánchez.

La Ley 10.777 busca mejorar la efectividad del proceso de nombramientos en el MEP y permitir el acceso a plazas en propiedad para funcionarios que acumulen al menos dos años continuos en un mismo puesto interino. 

Sin embargo, el ministro explicó que la aplicación requiere un análisis detallado debido a la diversidad de perfiles que existen dentro de la institución.

Según indicó, el ministerio debe establecer condiciones específicas para puestos administrativos, docentes, directores y supervisores, además de contemplar las diferencias entre primaria y secundaria. Esa variedad, aseguró, ha provocado que el proceso avance con mayor complejidad en comparación con otras instituciones públicas.

Requisitos para optar por propiedad

El jerarca aclaró que la ley no establece únicamente el requisito de permanencia de dos años en un cargo, sino que también contempla otras condiciones que deberán quedar definidas en el reglamento.

De acuerdo con Sánchez, cada perfil de puesto contará con requisitos específicos para determinar quiénes podrán optar por una plaza en propiedad. El objetivo, añadió, es que el documento sea claro y transparente para evitar dudas entre los funcionarios.

“No basta solo con que tenga dos años, tiene que cumplir otra serie de requisitos”, señaló el ministro.

El MEP informó semanas atrás que detectó alrededor de 16.300 plazas o casos que podrían entrar dentro del proceso de asignación en propiedad. Sin embargo, las autoridades reiteraron que cada situación deberá revisarse conforme a los criterios técnicos y legales que se establezcan en el reglamento.

Sánchez indicó que la intención es que la normativa brinde seguridad jurídica tanto a los funcionarios como a la administración pública, por lo que el proceso de elaboración ha requerido mayor tiempo de análisis.

Concursos y prueba de idoneidad

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la falta de concursos para nombramientos en propiedad desde 2019, una preocupación que ha sido señalada por distintos sectores del gremio docente.

Sobre ese punto, el ministro afirmó que el MEP trabaja paralelamente en la implementación de pruebas de idoneidad como parte de un futuro concurso nacional para docentes y posteriormente para funcionarios administrativos.

El jerarca explicó que estas pruebas tendrán un doble propósito: Avanzar en la asignación de propiedades y garantizar que las personas que ingresen al sistema educativo cuenten con el perfil adecuado para ejercer sus funciones.

“La prueba de idoneidad tiene dos objetivos: garantizar propiedades y también asegurar que el perfil de ingreso al sistema educativo sea el idóneo”, indicó Sánchez.

Para el fiscal del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), Ademar Azofeifa, lo que el gremio docente solicita es claridad sobre la aplicación de la normativa.

“Lo que pedimos es claridad sobre a quiénes se les va a aplicar. Con el transitorio IX de la Ley Marco de Empleo Público tuvieron que publicarse cuatro listas y todavía hay personas esperando una Ley que entró en vigencia en 2023. Tres años después siguen esperando obtener su propiedad y, por salud mental, eso no es viable”, afirmó.