
Leonardo Sánchez, jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), salió a defender la circular firmada por él y sus viceministras María Alexandra Ulate y Sofía Ramírez, en la que se limita a los docentes y al personal administrativo la posibilidad de emitir posiciones políticas en las aulas.
La circular sobre neutralidad político-electoral en las aulas no incorpora nuevas prohibiciones, sino que reafirma disposiciones ya contempladas en la legislación y en la normativa educativa, según aseguró el ministro.
El jerarca afirmó que el documento busca evitar la propaganda partidaria dentro de los centros educativos sin limitar el análisis de temas políticos incluidos en los programas de estudio.
El MEP emitió la circular DM-CIR-0047-2026, vigente desde el 3 de julio, para recordar el deber de neutralidad política que debe regir en los centros educativos públicos.
Entre las principales disposiciones incluidas en el documento están:
Además, el documento señala que las direcciones regionales, supervisiones y direcciones de centros educativos deberán divulgar estos lineamientos y documentar cualquier eventual incumplimiento para remitirlo a las instancias como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) o las dependencias del MEP.
Sánchez sostuvo que parte de las críticas surgieron por interpretaciones incorrectas del documento y reiteró que la enseñanza de contenidos relacionados con política, democracia, problemas sociales o procesos electorales continúa permitida cuando forma parte del currículo oficial y se desarrolle con objetividad.
“Es falso que estemos poniendo una mordaza. El docente puede hablar lo que quiera en el marco del currículum. El currículum promueve el pensamiento crítico y la capacidad de discernir sobre lo que ocurre en el país y el mundo sin propaganda política”, dijo el jerarca del MEP.
El ministro explicó que la diferencia radica entre enseñar contenidos de política y utilizar el aula para hacer propaganda partidaria o influir en la decisión electoral del estudiantado. También indicó que la restricción aplica al ingreso de personas externas para actividades de carácter político-electoral dentro de los centros educativos.
Asimismo, indicó que, si algún director o supervisor utilizara la circular para restringir contenidos permitidos por el currículo o perseguir a un docente de manera indebida, esa actuación sería una interpretación incorrecta del documento.
“Ningún docente va a ser perseguido por decir lo que dice el currículum. Y lo que dice el currículum en muchos casos de Estudios Sociales o Cívica es hablar de política, hablar de los problemas nacionales y demás“, añadió.
Tres de las principales organizaciones sindicales del sector educativo denunciaron que la circular ministerial busca silenciar al personal docente, bajo el argumento de garantizar la neutralidad político-electoral en los centros educativos públicos.
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) advirtieron que la medida llega en un momento en que el Magisterio Nacional ha cuestionado abiertamente temas como los salarios y la violencia.
