
El Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, anunció este 10 de junio la presentación de una denuncia penal contra el Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sánchez, y otros fiscales por presuntamente negarse a procesar penalmente casos de ingreso de celulares a las cárceles.
Según el jerarca, la acción legal surge tras detectarse que decenas de casos fueron tramitados por la vía administrativa, a pesar de que dicha conducta es delito desde abril de 2025.
De acuerdo con registros de la Policía Penitenciaria, entre el 1 de enero y el 6 de junio de 2026 se contabilizaron 90 decomisos de dispositivos electrónicos que no fueron perseguidos penalmente.
La reforma al artículo 257 del Código Penal establece penas de entre dos y cuatro años de prisión para quien intente introducir estos aparatos a centros penales de modalidad cerrada, una norma que, según el ministro, está siendo ignorada por el Ministerio Público.
El ministro Aguilar calificó de “vergonzosa” la actuación de la Fiscalía, señaló que los fiscales argumentan que estos incidentes no les corresponden o que deben tratarse únicamente como temas administrativos, lo que debilita los controles de seguridad reforzados por el Ministerio.
Hasta el momento la Fiscalía no se ha pronunciado sobre los señalamientos del Poder Ejecutivo.