Luis Amador Jiménez, titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cambió su discurso en menos de un mes sobre el futuro del contrato del Estado con Fideicomiso Ruta Uno, empresa encargada de la ampliación de la vía San José-San Ramón.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 29 de junio, el ministro hablaba sobre ponerle un finiquito al contrato debido a los constantes y notables atrasos en los trabajos que componen el corredor vial.
Se refirió en aquel entonces A que en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se creó una comisión para finiquitar el contrato justificando “pagos absurdos” en salarios.
Incluso Amador comentó en aquel entonces sobre un freno a una consultoría por $4 millones, correspondientes a estructuración financiera en momentos que se contaba con dos servicios gratuitos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Se sabe que los funcionarios de la Unidad Administradora del proyecto ganan entre ¢1 millón y casi ¢11 millones (al mes), esos son salarios absurdos. También se sabe que inicialmente se tenía únicamente al banco como fiduciario y después hubo un adendum donde se pasó de honorarios de $75.000.
Se habilitó la figura Unidad Administradora del proyecto al banco y en este momento se le paga alrededor de $38.000 al fiduciario y alrededor de $150.000 a la Unidad Administradora”, declaró Amador, quien contó con el respaldo del presidente Rodrigo Chaves Robles.
OTRO DISCURSO
A menos de un mes de esas declaraciones, el discurso pasó de ser confrontativo a uno de tono más conciliador, con una idea completamente distinta a lo trazado al principio.
En conferencia de prensa el viernes 22 de julio aseguró que Fideicomiso Ruta Uno cuenta con cinco años para desarrollar el proyecto y que no avanzó al nivel que se esperaba. Agregó que existen cuestionamientos respecto a los costos.
Sin embargo, indicó que al decir que se finiquitaría el contrato pretendía enviar un mensaje para negociar y arreglar dichos cuestionamientos.
El ministro agregó que la solicitud del Conavi es hacer una adenda al contrato para cambiar los términos del contrato y ajustarlos de tal manera que se pongan plazos, penalidades y se acorten las obras.
“Ellos siguen con su figura de fideicomiso, pero vamos a ver si hacemos una transición en alguno de los puntos porque recuerde que hay una transición en algunos de los puntos.
Recuerde que hay una liberación en los derechos de vía, después hay un diseño, después hay una construcción. Entonces en este momento todavía estamos en liberación de derechos de vía.
Los diseños están a nivel conceptual, no están a nivel final, y todavía no hay un contratista que haga la construcción”, expresó Amador.
También expuso que Fideicomiso Ruta Uno debía buscar quién financiara las obras, lo que aún está pendiente.
FIDEICOMISO REACCIONA
Los representantes de Fideicomiso Ruta Uno fueron llamados a comparecer a la Comisión de Alajuela en la Asamblea Legislativa y reaccionaron a la serie de cuestionamientos por las obras que llevan a cabo.
Hadda Muñoz Sibaja, directora de Fideicomiso Ruta Uno, reconoció que las obras no van al ritmo proyectado por cuestiones de formalización y ejecución de los fideicomitentes.
“Lo que está atrasando la ejecución de esas obras de Occidente es precisamente que los fideicomitentes no han referido el mecanismo de ejecución, no lo han podido habilitar o formalizar”, manifestó.
Germán Brenes, asesor jurídico del Banco de Costa Rica, dijo que cualquier proyecto de Fideicomiso Ruta Uno está disponible para consulta de la ciudadanía, a fin de garantizar ese mecanismo de transparencia.
“Toda la información que respalda las decisiones y los trabajos que se han hecho desde el primer momento es quizás el único proyecto que tiene una página web específica donde está absolutamente toda la información.
Somos respetuosos de cualquier decisión que se tome con respecto a este y cualquier otro proyecto, pero sí hacemos un llamado a que se tome sobre datos certeros, ciertos y demostrables”, afirmó.
El asesor jurídico considera que sería irresponsable de su parte dar un monto estimado de las implicaciones económicas que tendría ponerle fin al contrato.