“Ministra no dice la verdad”

Allan Benavides Vílchez, gerente general de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), no tuvo reparo en señalar a Marcia González Aguiluz, ministra de Justicia y Paz, como responsable del problema que ocurre con el monitoreo de la población con tobilleras electrónicas.

Benavides conversó ampliamente con DIARIO EXTRA sobre cómo ha sido la relación entre su representada y la cartera de Justicia, desde la llegada de la ministra González Aguiluz.

¿Cómo explica el conflicto entre la ESPH y el Ministerio de Justicia por el tema del monitoreo de la población con tobilleras electrónicas?

– Cuando entra en función el sistema a quienes les corresponde monitorear por razones de legalidad es al Ministerio de Justicia y Paz, nosotros no tenemos acceso para llamar a la gente, identificarlos o corregir el monitoreo que ha ido creciendo en el número de personas. Nuestra función es solamente garantizar que el software y hardware instalado para operar el sistema, nosotros no tenemos nada que ver con el monitoreo.

En el Ministerio de Justicia dicen que el diálogo es abierto, pero ustedes afirman que la ministra nos les habla…

-Nos preocupa mucho que este tema sensible y mediático sea desconocido entre la opinión publica. Nos preocupa también, pues la imagen de la ESPH está en juego. Nuestro deber es que las sentencias que emiten los jueces a través del sistema de tobilleras funcionen al cien por ciento.

Pero, lamentablemente, cuando uno ve debilidades en la operación y con información en tiempo real, comenzamos a comunicarnos con la señora ministra, al punto que le mandamos notas para dialogar con ella. En 42 años que tengo de trabajar acá, usted comprenderá la cantidad de presidentes, ministros y representantes de empresas autónomas con las que nos hemos relacionado, porque incidimos en el desarrollo del país, Siempre ha habido una relación armoniosa con todos, pero en este caso ha sido imposible comunicarnos con ella. Al no haber flexibilidad de diálogo nos preocupa que nos ignoren. Por eso le enviamos una nota para advertirle que algo no funcionaba bien y había que corregir.

¿Esa nota fue contestada?

-Le hemos enviado más de 10 notas en lo que llevamos de este año y ninguna ha sido contestada. Me extraña mucho esa actitud, porque no cuesta nada sentarse a hablar. Un jerarca puede dialogar con toda confianza con otro jerarca, pues a veces los técnicos no entienden las cosas y se le puede orientar mejor.

¿Esta ruptura de relaciones se da cuando llega la ministra González o fue con la exministra Cecilia Sánchez?

-Doña Cecilia Sánchez tenía una sensibilidad envidiable, ella puso alma vida y corazón en este proyecto. Había una gran voluntad de que este proyecto se desarrollara como se hizo en su administración. No obstante, cuando se da el cambio de gobierno se siente una puerta de acero entre la relación de ambos. Es una relación poco conveniente, sin comunicación, ni continuidad o con atención a los llamados para convocar a una reunión de urgencia. Eso se perdió, notándose la diferencia entre ambas administraciones.

Doña Marcia fue denunciada por acoso laboral por el exjefe de monitoreo de Justicia y Paz, Manuel Delgado. Él señala que un familiar de ella perdió mucho dinero con ESPH. Ese familiar es el exesposo de la ministra. ¿Considera usted que esto influye en el trato que ella les da?

-Le puedo decir que a raíz de una publicación de DIARIO EXTRA me enteré que un funcionario del Ministerio a cargo del monitoreo, la ministra le informó que la relación con la empresa (ESPH), no debía continuar porque esta le había hecho un daño a un pariente muy cercano. Me llamó la atención la declaración del señor Delgado y nos preguntamos, ¿quién podría ser?, ¿quién era el esposo de ella? Vimos que el señor había participado en un cartel aquí en un tema de alcantarillado sanitario en la ciudad, por unos 250 millones de dólares. Resulta que el entonces esposo de la ministra participó y por un retraso en la presentación de la información se le impuso una multa y eso fue el vínculo que descubrimos.

Con la empresa Cacisa no tengo ningún problema y el proyecto se terminó, pero no deja uno de preocuparse por ese vínculo.

La ministra ha negado que sean 596 personas sin monitorear y que ustedes no deben meterse. ¿Está de acuerdo?

-No señor, esto es un servicio, un producto y como empresa debemos garantizar que el proyecto funcione, porque puede tener consecuencias y la imagen de la empresa está en juego. Nosotros somos transparentes al decirlo, cualquier otra empresa pudo callarlo, pero aquí tenemos responsabilidades como funcionarios públicos. Debe haber control interno, son fondos públicos cobrados en razón de algo que se está dando. 

¿Entonces considera que la ministra es quien falta a la verdad?

-Cuando comunicamos esto con la razón absoluta, la reacción de ella y sus funcionarios fue desmentirnos. Yo le puedo asegurar en este caso que ella no dice la verdad, es un asunto comprobado, que no se puede negar, ahí está en el sistema.

¿Qué lo motivó a denunciarla ante la Procuraduría de la Ética?

-Al decir ella que nosotros estamos mintiendo se rompe otro elemento de equilibrio ante la opinión pública. Hay que buscar una fórmula que valore quién dice la verdad, el Tribunal de la Ética Pública puede investigar y arrojar a la luz pública cosas que se pueden probar. Lo que decimos es cierto; no mentimos.

La ministra González los ha acusado de desabastecimiento de los dispositivos electrónicos…

-Cuando descubrimos que los dispositivos se mojaban y quienes los tenían en uso les cortaban la cinta, entonces les suplíamos los Kits a Justicia, pero ellos los usaban para repuestos y hacían mal uso, porque debían pedir repuestos. Nosotros tenemos comprobado que, en vez de pedir, por ejemplo 100 baterías, descomponían los kits para agarrarlas de repuesto. Sin embargo, nos dijeron que de eso no teníamos que opinar porque era cosa del gobierno, no nos pareció correcto porque eso genera un gasto, además de los $17 diarios.

¿Es una sacada de clavo de la ministra contra ESPH?

-Yo no quisiera pensar eso, pues todavía tengo una cultura de funcionario público donde primero está el interés del servicio público y la responsabilidad, así quiero pensar. La sacada de clavo no debe existir en la actitud del funcionario público, mas bien debe prevalecer el resolver el tema para el bien del estado costarricense.

La ministra ha faltado tres veces a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, plantando los diputados. ¿Qué le parece esa actitud?   

-Cualquier funcionario público no solo tiene el deber de atender el llamado del Congreso, sino también que en dominio absoluto de sus facultades está seguro que las cosas que hace están bien. Lo más seguro es que asista y diga la verdad, porque así genera confusión en la opinión publica.

¿A usted lo convocaron al plenario?

-Sí, estoy deseoso de ir, pues uno de los planteamientos de nosotros es invitar a los diputados para que se haga este examen de inspección.