
La ministra de Trabajo, Marta Esquivel, se convirtió en la nueva presidenta del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) para el período que va de junio de 2022 a 2023.
En la vicepresidencia quedó Gina Salas, que viene del sector cooperativo y representa lo que se conoce como “demás sectores”, mientras que la secretaría será ocupada por Geovanny Villalobos, que es además secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas.
El viceministro de Agricultura, Julián Arias, quedó como vocal I, Óscar Alvarado es el vocal II, Leonel Castellón representa al Banco Nacional siendo vocal III y Oscar Ampos, del sector agrícola e industrial, quedó como vocal IV.
El próximo año se espera que para este período se estén realizando las elecciones cooperativas, por lo que es probable que algunos de estos directivos puedan estar cambiando.
La junta directiva del Infocoop es el órgano de máxima jerarquía, y le corresponde trazar la política del instituto, además de velar por la realización de sus fines.
Está conformada por cuatro representantes del movimiento cooperativo y tres del Estado, estos últimos proceden del Banco Nacional de Costa Rica, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Como parte de sus funciones, destaca el nombramiento o remoción del director ejecutivo, subdirector y auditor del instituto. También debe aprobar el presupuesto anual ordinario y los extraordinarios, los balances anuales y trimestrales, lo mismo que la memoria anual de la institución.
Además, tiene que resolver las solicitudes de crédito que se presenten al instituto, conforme a las normas del reglamento específico que sobre esta materia deberá dictarse.
También avalan empréstitos nacionales o internacionales y deben autorizar la venta o gravamen de los bienes del instituto, lo mismo que la inversión de los fondos disponibles, y aceptar transacciones y compromisos arbitrales.
De igual modo, deben adjudicar las licitaciones que promueva el Infocoop, las que serán apelables ante la Controlaría General de la República, quien tendrá treinta días naturales para resolverlas. Si en ese término no se hubiere producido la resolución, la adjudicación se considerará firme.