La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, aseguró ante los diputados de la comisión investigadora que analiza la venta del Teatro Arnoldo Herrera, ubicado en Sabana Norte y que pertenecía al Conservatorio Castella, que Gabriela Henchoz, representante del Estado en la Fundación Conservatorio Castella, no informó de la venta del inmueble.
Por esa razón solicitó la apertura de un proceso para destituir a la representante. Las fundaciones por ley tienen la obligación de contar con un representante que cuide los intereses del Estado en el accionar de dichas organizaciones.
Henchoz inclusive participó en la comparecencia ante la Comisión Especial de Heredia, pero lo hizo junto a la Fundación y no con los representantes del Estado.
FONDOS PÚBLICOS
Los diputados de la Comisión Especial de Heredia cuestionaron ante los representantes de la Fundación que la naturaleza de los fondos con que se edificó tanto el teatro como el colegio en Barreal de Heredia es pública.
A pesar de ello, ambas propiedades están a nombre de la Fundación. Basándose en esto último, el teatro fue vendido el 1º de marzo.
Para Ariel Robles, diputado de Frente Amplio, las leyes 3080 y 4078 otorgaron los dineros con que se construyeron el teatro y el colegio.
Según el frenteamplista, la sede en Barreal de Heredia, incluso los terrenos, se compraron con bonos agrarios. En el caso del teatro, se otorgó más de ¢1 millón en 1968, lo que equivale a ¢526 millones en la actualidad.
Por su parte, Kattia Rivera, diputada de Liberación Nacional, aseguró que el arquitecto que diseñó el Teatro Arnoldo Herrera laboraba para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y los planos fueron pagados por esa cartera.
Gustavo Rojas, presidente de la Fundación Conservatorio Castella, declaró a DIARIO EXTRA: “Los estudiantes pueden estar seguros de que los recursos de esa venta se usarán en construir un nuevo teatro”.