Ministerio Público valora no perseguir algunos robos y hurtos menores

Ante la gran cantidad de causas entrantes, el recargo laboral y la falta de recursos, el Ministerio Público analizaría la posibilidad de dejar de perseguir algunos delitos menores.

Se trata de cambios a nivel de la Política Criminal, que ayudarían a no gastar recursos en casos donde la pérdida económica por un robo o hurto sean mínimos.

Así lo explicó Carlo Díaz, Fiscal General de la República, durante una entrevista con Grupo Extra donde realizó un balance general del 2025. 

“Vamos a analizar la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad con una visión agresiva. En este caso, el Fiscal General da una directriz que ciertas conductas delictivas que no se van a perseguir”, afirmó.

Por ejemplo, casos de robos o hurtos donde la pérdida económica de la víctima sea de ¢5 mil o ¢10 mil, podrían no ser perseguidos por las autoridades. 

“Podríamos evitar que un funcionario esté dedicado a tramitar un expediente de un objeto de muy bajo valor. Además, el trámite de una causa penal es más caro que el objeto que se está persiguiendo, vamos a priorizar que vamos a atender”, afirmó.

Este análisis requería la participación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con insumos que permitan tomar decisiones más certeras, según Díaz.

“Ellos van a hacer proyecciones, nosotros haremos las nuestras, después estableceríamos un mínimo. Igual lo anunciaríamos para que la población sepa, la razón es que no contamos con los recursos suficientes para atender todos los casos”, sentenció. 

Centrarse en casos mayores

Para el criminólogo Rodrigo Campos las autoridades tienen la posibilidad de reconstruir su política criminal de acuerdo con las necesidades. 

Campos señaló que otros crímenes se pueden llevar a otros canales alternativos a las sanciones penales. 

“Costa Rica no tiene solo la ruta judicial o penal donde busca la cárcel de los criminales, también tiene la justicia restaurativa, donde se busca para una buena cantidad de faltas que la persona restituya el daño”, dijo. 

Esto porque la justicia restaurativa busca que antes de iniciar todo el proceso judicial dar el espacio para que el delincuente restituya el perjuicio a la víctima.

“Si a mí me roban el celular no hago nada conque el delincuente vaya a dar a la cárcel porque yo sigo sin celular después de estar muchos meses en el proceso judicial”, agregó.

A pesar de que esto no aplica para todos los delitos, esta oportunidad representa una “buena oportunidad” de que la víctima sufra un “largo sufrimiento”. 

Otras alternativas

Ante la falta de recursos para sustituciones, el Ministerio Público señaló que el plazo máximo de vacaciones de los funcionarios es de siete días. 

“Modificamos esa directriz y la extendimos hasta 10 días con sustitución”, explicó Díaz. 

Además, en conjunto del Poder Judicial, no crearían más plazas que impliquen permisos con goce de salario: “No vamos a utilizarlo más, para no consumir ese presupuesto”. 

Estas medidas se toman con la intención de no afectar la atención del servicio del usuario que acude a las fiscalías de todo el territorio nacional.

“En algunas oficinas incluso se presentan cierres técnicos porque son departamentos que son atendidos por un solo fiscal y si ese funcionario se incapacita prácticamente la oficina va a estar desatendida”, dijo. 

Preocupación

El Fiscal General indicó que a nivel operativo el balance del Ministerio Público es operativo, ante la gran cantidad de operativos, allanamientos y detenciones realizadas en conjunto con diferentes cuerpos policiales. 

Sin embargo, adelantó que los resultados de tasas de resolución de casos bajarán por primera vez tras muchos años de resultados positivos.

Esto significa que para el 2025 podrán resolver menos causas de las que ingresaron, lo que significa un retroceso a nivel estadístico. 

Estos resultados adversos están ligados a la falta de recursos económicos y personal que la Fiscalía ha venido advirtiendo desde mediados de este año.