La Junta Administrativa del Conservatorio de Castella, se suma a la causa penal interpuesta por varios diputados contra miembros de la Fundación Castella por la venta del Teatro Arnoldo Herrera.
Ellos están siendo investigados por dicha causa por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. La Junta Administrativa se apersonó como víctima del proceso de conformidad al artículo 70 del Código Procesal Penal.
“La denuncia inicial interpuesta por el diputado Ariel Robles, contenía expresamente una solicitud de gestión de medidas cautelares a la Fiscalía, misma que secundamos. El estado del proceso, es algo que solo la fiscalía podría contestar en este momento”, afirmó Ingrid Vargas, presidenta de la Junta Administrativa del Conservatorio de Castella.
La Fundación Castella está conformada por un abogado de apellido Rojas, otro ciudadano de apellido Echeverría, otra Gutiérrez, así como otros de apellidos Henchoz, Solano y Herrera.
“El Conservatorio de Castella es una Institución de carácter público, la construcción de las instalaciones se hizo gracias al aporte del señor Carlos Millet de Castella y al aporte Estatal por medio de bonos agrarios. El salario de los profesores académicos y artísticos los paga el Ministerio de Educación” asegura la Junta Administrativa.