La oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) se ha convertido en un verdadero obstáculo para quienes realizan la labor de informar a los ciudadanos sobre los diferentes hechos delictivos que se dan las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Esto pese a tener una planilla con 10 funcionarios, entre periodistas y profesionales en multimedia, quienes se reparten alrededor de ¢10 millones por mes, con salarios que superan el millón de colones por persona, presupuesto que parece no alcanzar para que se dé una atención oportuna cada día.
Dicha oficina solo atiende en el horario establecido por el director de Relaciones Públicas y Prensa de dicha institución, Jaime Sibaja, quien justamente llegó en esta administración (2018), junto al ministro Michael Soto al MSP.
Al parecer, el comunicador no está dispuesto a atender a los periodistas ante las emergencias que surgen a toda hora, aunque la mayoría o quizás las más noticiosas se presentan por las noches y que requieren de información oficial y a la mayor brevedad posible.
Sibaja en apariencia olvidó por completo el trabajo de los medios de comunicación, pese a que en Canal 7 y Canal 11 fue reportero de sucesos y eran comunes sus quejas por falta de atención en administraciones anteriores.
Pese a su experiencia en esa trinchera ordenó enviar al chat oficial del Ministerio donde se comparte información con los medios, en el cual hay decenas de profesionales, un documento donde se indica las restricciones que se ponen para poder solicitar datos.
RESTRICCIONES
Como parte de las limitantes está que después de las 5 p.m. nadie atenderá consultas, lo cual ya era habitual desde que inició el mando de Soto en la cartera.
También se dispuso que los sábados del todo ningún funcionario dará datos sobre eventos que sucedan a cualquier hora del día, mientras que el domingo brindarán detalles de solo lo que ellos establezcan como urgente. “Fuera del horario oficial solo estaremos atendiendo verdaderas emergencias”, indica un mensaje de observaciones enviado a la prensa, pero no da un parámetro de qué es una verdadera emergencia.
Todo esto no solo afecta la labor de la prensa, sino de los ciudadanos, quienes demandan estar informados, lo cual es su derecho, mismo que está establecido en el artículo 30 de la Constitución Política.
En el mismo se consagra el derecho fundamental de acceso a la información pública de la siguiente manera: \”Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado\”.
ESCENAS COMPLICADAS
Como si esto fuera poco, al momento de llegar a una escena, los equipos de la prensa no pueden obtener declaraciones de los oficiales presentes, tampoco de los encargados de prensa, quienes precisamente son los que deben proporcionar esa información.
Antes de esta administración los jefes policiales estaban autorizados a dar declaraciones sobre lo sucedido, pero ahora aunque están con toda la disposición de colaborar dicen que la oficina de prensa no les autoriza hablar con nadie sobre la atención de cualquier eventualidad a la que acudan.
Incluso, muchos de ellos no están de acuerdo con dicha directriz, pues se deja de dar información valiosa que la población debería conocer.
Cuando hay algún suceso importante se limitan a dar un reporte de dos líneas donde se indica lo mínimo.
Muchos de los jefes hasta han sufrido regaños de la oficina por querer facilitar la labor de la prensa, por lo que ahora se limitan a quedarse callados aunque tengan información a mano. Se trata de una situación que obstaculiza el manejo de la información, por lo que muchos directores de medios hacen el llamado para que se valore un reajuste porque el crimen no tiene horario y los medios necesitan disponer de datos provenientes de las mismas autoridades.
Incluso llama la atención que la Oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) donde solo hay cuatro personas, si logre coordinar horarios de trabajo para que su oficina pueda atender a los comunicadores de todo el país durante los siete días de la semana.
PERIODISTAS DISCONFORMES
Richard Molina
Director ElGuardian.cr
“Los periodistas tenemos la rigurosidad ética de consultar antes de publicar, para ello requerimos la oportunidad de tener contacto con la fuente o con los medios oficiales y la limitación que están poniendo es penosa porque condenan a la gente la confirmación”.
Silvia Ulloa
Directora Crhoy.com
“No es posible que una entidad tan sensible e importante como el Ministerio de Seguridad ponga un horario como si fuera un banco. En cualquier momento se da un suceso y la población necesita respuestas. La oficina debería de tener la disponibilidad y agilidad para responder a las necesidades de los medios que le da información a los ciudadanos quienes pagan el salario de esos funcionarios”.