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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recomendó que los nuevos recursos que se destinen a pensiones para adultos mayores en pobreza deben sumarse al financiamiento actual y no utilizarse para reducirlo o sustituirlo, según el criterio enviado a la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley 25.721.
La iniciativa propone trasladar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) la mitad del aporte patronal establecido en la Ley Orgánica del Banco Popular, para fortalecer el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC). El Ministerio recomienda apoyar la propuesta, pero solicita ajustes para proteger los ingresos existentes y precisar cómo se incorporaría el dinero.
“De igual manera, resulta necesario que el texto establezca inequívocamente el carácter adicional de estos recursos respecto de las asignaciones que actualmente corresponden al Régimen No Contributivo”, señala el criterio emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del MTSS el 8 de octubre de 2026.
El documento plantea que la reforma debe impedir que la nueva fuente se interprete como un reemplazo de los recursos ordinarios del programa, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Para ello, propone modificar también el artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Esa norma establece una asignación mínima del 10,35% de los recursos de Fodesaf para financiar el RNC.
“La asignación de los recursos señalados en el párrafo anterior será adicional e independiente del porcentaje mínimo del diez coma treinta y cinco por ciento (10,35%) establecido en el párrafo primero de este artículo, por lo que no podrá sustituir, disminuir ni compensar dicha asignación”, dispone la redacción sugerida por el Ministerio.
La propuesta legislativa reforma el artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco Popular para transferir a Fodesaf el 50% del aporte patronal previsto en el artículo 5, inciso a), de esa legislación. El destino específico sería otorgar pensiones a personas adultas mayores en pobreza extrema y pobreza básica.
El criterio advierte que las fuentes de financiamiento y las reglas de distribución de Fodesaf están reguladas en la Ley 5.662, por lo que recomienda armonizar ambas normas para evitar problemas de interpretación, presupuestación y ejecución de los recursos.
“Resulta jurídicamente pertinente que la creación de una nueva fuente de financiamiento y su afectación específica se encuentren debidamente armonizadas con ese cuerpo normativo, evitando posibles problemas posteriores de interpretación, presupuestación y ejecución”, indica el documento.
También pidieron precisar la expresión “50% del aporte patronal”, pues este se calcula como un porcentaje de las remuneraciones.
El análisis incorpora el criterio de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), que considera que los ingresos adicionales permitirían ampliar la cobertura y atender parte de las solicitudes pendientes por falta de presupuesto.
“Su aporte permitiría aliviar la presión presupuestaria inmediata, ampliar la cobertura y reducir parte del rezago acumulado, aun cuando sea necesario continuar desarrollando mecanismos complementarios que permitan alcanzar una estructura financiera sostenible”, señala el criterio técnico.
El Ministerio coincide en que la nueva fuente no debe presentarse como una solución definitiva al financiamiento del régimen. Entre los factores que deben contemplarse a mediano y largo plazo, menciona el envejecimiento poblacional, el crecimiento de la demanda y las condiciones del mercado laboral.
El aporte que recibiría el fondo equivale a aproximadamente ¢37.507 millones anuales. Según las estimaciones del Poder Ejecutivo, el dinero permitiría otorgar 31.221 nuevas pensiones y atender aproximadamente 30 mil solicitudes pendientes al cierre de 2025.