El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) lleva aproximadamente dos años sin poder adjudicar una empresa para que se haga cargo de las tobilleras electrónicas de los reos del país, a pesar de los llamados de atención de la Contraloría General de la República (CGR).
Son 1884 privados de libertad los que se encuentran bajo monitoreo por tobillera, al 30 de marzo del 2022, según información del departamento de prensa del MJP brindada tras consulta del DIARIO EXTRA.
Actualmente, los brazaletes electrónicos están en manos de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Aunque, se postularon otra vez para esta nueva licitación, pero no cumplieron con los requisitos.
El MJP señaló que deben lanzar a licitación otra vez esto y de manera rápida.
Según informó la CGR, se dio un incumplimiento de la cláusula 4.1.8 de los “Términos de Referencia” del cartel, en la que se requería, entre otras cosas, que el dispositivo electrónico a ofertar se encuentre homologado ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
“En la ESPH estamos enterados de la resolución de la Contraloría, de cual nos dimos por notificados y respetamos.”, afirmó la ESPH. Según la empresa florense el contrato se venció el pasado 27 de febrero del 2021, pero se extendió a su favor.
La incertidumbre reina en los privados de libertad que se rigen por este implemento tecnológico, debido a que el proceso se ha caracterizado por muchas trabas.
CONTRALORÍA EXPONE ERRORES
La CGR se trajo abajo la licitación tras ser declarada como infructuosa, en esta participaron cuatro empresas. Esto se dio a conocer por un documento de la Contraloría en manos del Diario del Pueblo en el cual se indica que al ser las 2:07 p.m. del 29 de marzo del presente año se declaró sin lugar los recursos de apelación.
Por esta razón, se consultó al MJP qué pasaría con la licitación, ya que la oficina de prensa del órgano contralor señaló que solo la administración encargada puede indicar cómo se procederá al respecto con este problema que tiene varios años sin solucionarse.
2020
Asimismo, la Contraloría le llamó la atención en varias ocasiones al Ministerio y en diciembre del 2020 le solicitó a Fiorella Salazar, ministra de Justicia y Paz, que elaborara un cronograma de actividades del proceso licitatorio, según el oficio N.º 19008.
La CGR comunicó en este documento que Salazar dijo que había actividades de enero del 2020 al 26 de febrero del 2021, fecha en la que se pretendía firmar los papeles e ingresar al Sicop el nuevo proceso de licitación.
Además, el órgano contralor indicó que los procesos de licitación pública de Sicop tardan entre 5 a 6 meses, por lo que es esencial que se cuente con una nueva solución tecnológica rápido ya que el procedimiento no es de la noche a la mañana.
MINISTERIO CONVOCA
El Ministerio comentó que, al tratarse de una licitación pública internacional, la convocatoria se llevará a cabo por Sicop y por la Cancillería para “garantizar la distribución de la información tanto a las embajadas con representación en nuestro país como a las embajadas costarricenses alrededor del mundo”.
“Podemos avanzar con la publicación del cartel para una nueva licitación pública internacional, que esperamos estimule la competencia y se materialice en la contratación de un nuevo proveedor que venga a apoyar a la institución y al país en la consolidación de esta modalidad penal”, finalizó la ministra Salazar.
Por último, se consultó a MJP sobre el precio de cada tobillera, pero aseguraron que eso dependerá de la nueva contratación.