Ministerio de Justicia demanda a empresas telefónicas

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, demandó a las principales empresas de telefonía celular por permitir que haya señal en los centros penales. Aduce que hay un incumplimiento legal. 

La acción responde a lo estipulado en el artículo 49, inciso 4, de la Ley General de Telecomunicaciones, el cual exige a las compañías “adoptar y aplicar mecanismos y soluciones técnicas necesarias para evitar la prestación de servicios inalámbricos accesibles al público dentro de los centros penitenciarios”.

En entrevista con Diario Extra, Campos recordó que ya había advertido a las empresas sobre las posibles consecuencias legales si no aseguraban un bloqueo efectivo.

“Me reuní con los representantes y fui claro: si no cumplen, los denuncio penalmente. 

Tienen una obligación establecida por ley. Si me fallan, va denuncia penal. Yo no les aguanto más”, sostuvo.

La denuncia, a la que este medio tuvo acceso, fue interpuesta ante el Ministerio Público tras constatar fallos técnicos en inspecciones de campo realizadas por personal de Justicia, entre ellas un informe de 2022 en La Reforma y otro de 2025 en el CAI de Limón. Ambos documentos concluyeron que persisten problemas como intermitencia en la señal, demoras en el bloqueo y recepción de mensajes SMS, lo que compromete la efectividad de los sistemas.

Operadoras urgen más control en ingreso de celulares

Ante los señalamientos del jerarca, José Gutiérrez, director legal de Liberty, aseguró que no han recibido notificación oficial, aunque reconocen las declaraciones públicas del ministro.

“Como empresa comprometida con la seguridad pública, implementamos hace años una solución tecnológica que ha demostrado ser efectiva. Gracias a eso, ya no se relacionan llamadas de estafa con los centros penales, como ocurría antes”, respondió. Por su parte, Elizabeth Arroyave, consultora tecnológica y vicepresidenta de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), reconoció que los sistemas actuales no garantizan un bloqueo absoluto.

“El reto es complejo. Las operadoras han contratado firmas especializadas para detectar e impedir comunicaciones desde las cárceles, pero no se puede asegurar un cierre del 100%. Existen múltiples métodos para establecer contacto”, explicó.

Arroyave subrayó que la solución debe ser integral y compartida, ya que la tecnología avanza constantemente y los mecanismos de bloqueo deben actualizarse.

“La forma más directa de frenar estas comunicaciones es impedir que los privados de libertad tengan acceso a teléfonos móviles. Esto se advirtió desde 2018, cuando se aprobó la ley”, añadió.

Consecuencias legales

El artículo 67 de la Ley General de Telecomunicaciones califica como infracción leve el incumplimiento de lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 49. Las sanciones por este tipo de falta van desde cinco hasta treinta salarios base del puesto de auxiliar judicial 1, lo que equivale a multas entre aproximadamente ¢550.000 y ¢3,3 millones.

El Ministerio de Justicia no descartó nuevas medidas legales o administrativas si no se observa una mejora sustantiva en el bloqueo de las señales celulares en los recintos penitenciarios.

Resultados de incautaciones

Durante los últimos 34 meses, la Policía Penitenciaria ha logrado recuperar:

• 7.468 celulares.

• 10.116 chips para celulares.

• 579,264 kilogramos de droga.

• 13.320 artículos electrónicos.

• 46.939 armas blancas.

• 26.910 litros de bebidas etílicas.

• 1.680 personas remitidas a la Fiscalía.

Fuente: Ministerio de Justicia

Gerald Campos

Ministro de Justicia

“Yo me reuní con los operadores y les he dicho: ‘si ustedes no me cumplen, los denuncio penalmente’, porque ellos son los que tienen el deber legal. Si ellos me fallan, va denuncia penal. Yo no les aguanto más”.

Elizabeth Arroyave

Consultora tecnológica y vicepresidenta de Camtic

“Una solución integral requeriría una colaboración más estrecha entre el Estado y las empresas, para mejorar los puntos débiles o ciegos, así como valorar posibles reformas legales que garanticen el control y la seguridad en las cárceles”.