Minería ilegal continúa en aumento en San Carlos

Los casos relacionados con minería ilegal muestran un incremento en San Carlos, al pasar de 83 expedientes registrados durante 2022 a 116 en 2025, según datos expuestos por la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público.

La información fue revelada durante el programa Voces MP, por Luis Diego Hernández, jefe de la Fiscalía Ambiental, y Alejandro Alpízar, fiscal de ese mismo despacho.

Según el fiscal, actualmente no existen elementos que permitan pensar que este fenómeno vaya a detenerse o disminuir, por lo que considera necesario actualizar la legislación para enfrentar las nuevas modalidades utilizadas en este tipo de actividades.

Uno de los principales problemas señalados por los fiscales es que la legislación vigente no contempla como delito todas las actividades que forman parte de la cadena relacionada con la minería ilegal.

Alpízar explicó que existen conductas específicas que sí están tipificadas, pero otras quedan fuera de la persecución penal.

Entre estas mencionó el transporte, la posesión y almacenamiento ilegal, el comercio, la importación y la exportación del material.

“La legislación sí se nos está poniendo vieja y esto provoca una facilidad para los grupos criminales, los cuales están encontrando portillos abiertos para cometer estas actividades ilícitas”, manifestó.

Hernández puso como ejemplo el traslado de sedimentos con oro. Según explicó, las autoridades pueden detectar un camión transportando este material para posteriormente procesarlo e incorporarlo al mercado, pero enfrentan limitaciones para actuar debido a que determinadas conductas no están actualmente contempladas como delito.

68 casos archivados

Los vacíos legales también habrían incidido en expedientes tramitados durante los últimos años.

De acuerdo con Alpízar, entre 2022 y 2025 se archivaron 68 casos únicamente en la Fiscalía de San Carlos. Aclaró que no se puede afirmar que la totalidad de esos expedientes haya terminado archivada por la misma razón, pero señaló que dentro de ellos se encuentran situaciones en las que las conductas demostradas no estaban tipificadas penalmente.

Una reforma que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa pretende incorporar nuevas conductas relacionadas con la minería, entre ellas la movilización, procesamiento, almacenamiento y comercialización de materiales.

Para la Fiscalía Ambiental, estos cambios permitirían abarcar una mayor parte de la cadena vinculada con esta actividad y no únicamente determinadas acciones que actualmente están sancionadas.

Crimen organizado

Los fiscales también advirtieron que detrás de algunos delitos ambientales pueden operar estructuras criminales y que las herramientas actuales dificultan desarrollar investigaciones más amplias.

Entre los mecanismos que podrían utilizarse bajo procedimientos relacionados con delincuencia organizada mencionaron las intervenciones telefónicas y el levantamiento del secreto bancario, herramientas que permitirían identificar integrantes, funciones, financiamiento, rutas y movimientos económicos.

Según Hernández, uno de los problemas actuales es que, debido a las limitaciones legales y los plazos de prescripción, las investigaciones pueden terminar concentrándose únicamente en la persona sorprendida directamente durante la comisión del hecho.

“Estamos acusando solo la punta del iceberg”, afirmó el jefe de la Fiscalía Ambiental al explicar las dificultades para profundizar en las estructuras que podrían encontrarse detrás de estas actividades.

Los fiscales consideran que aumentar las penas e incorporar nuevas conductas permitiría fortalecer las investigaciones sobre minería ilegal y seguir no solo a quienes ejecutan directamente la actividad, sino también el movimiento del material y los recursos económicos generados.