Desde hace 10 meses Industrias Infinito lanzó la advertencia de una posible demanda a Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el caso de Crucitas, esta se hizo efectiva ayer, cuando la firma canadiense confirmó que arrancó el proceso con el cual busca una compensación de la inversión por la iniciativa minera.
La empresa argumenta que hubo una serie de violaciones al acuerdo entre los gobiernos de Canadá y el tico para la promoción y protección de inversiones, sin embargo, fueron enfáticos al decir que no darán detalles del caso por ser privado.
“Este es un proceso de índole privada por lo que la empresa no dará ninguna información sobre los detalles de la demanda, ni tampoco compartirá ninguno de los documentos relacionados con esta”, manifestó Yokebec Soto, vocera de Industrias Infinito.
Los canadienses pretenden que Tiquicia les dé una compensación de unos $94 millones y dejaron abierta la posibilidad de una conciliación en medio del arbitraje, si las autoridades ticas lo deseen.
Los trabajos en Crucitas se suspendieron en noviembre de 2010 y desde entonces Industrias Infinito calcula que ha dejado de percibir $1.000 millones por no desarrollar la actividad.
La tala de gran cantidad de árboles ha sido uno de los mayores daños para el lugar y los lugareños aseguran que la empresa nunca cumplió con las promesas que hizo al instalarse en territorio sancarleño.
SIN REACCIONES
Aunque Anabel González, ministra de Comercio Exterior, fue notificada, aún el gobierno no se ha pronunciado al respecto y lo hará hasta hoy, según informó René Castro, jerarca de Ambiente y Energía, a DIARIO EXTRA, tras ser consultado sobre el caso.
“Debo informar primero al Consejo de Gobierno mañana (hoy)”, acotó Castro, quien citó a las 10 a.m. para dar a conocer las medidas que se tomarán en torno al caso.
Meses atrás, Castro aseguró que Costa Rica tiene las pruebas necesarias para defenderse y dijo seguir la orden girada por los tribunales nacionales en torno al caso.
La posibilidad de reactivar el proyecto de minería a cielo abierto es casi nula, debido a que la detención de trabajos en Cutris de San Carlos se hizo por orden del Tribunal Contencioso Administrativo.