Ocurrió bajo observación de gestora ambiental del municipio
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) no hizo un análisis a profundidad de la condición de los árboles en El Tirol de San Rafael, Heredia, antes de avalar su tala.
De acuerdo con el ingeniero Edwin Arguedas, uno de los encargados de hacer los análisis en la propiedad de una extranjera que demandó a la Municipalidad de San Rafael para lograr su cometido, solo observaron la posición y la inclinación de los cipreses, omitiendo detalles relativos a la biodiversidad.
“El 4 de agosto de 2021 recibimos una convocatoria del Juzgado Agrario para asistir a una diligencia técnica. Se nos citó por primera vez para el 11 de octubre a las 9:30 a.m. en el sitio correspondiente.
Ese día participé en la inspección junto con personal del Juzgado Agrario, incluyendo a la jueza Flor Ramírez Arce. Ahí me enteré de que el caso involucraba la tala de 65 árboles”, comentó.
Además la gestora ambiental municipal, Marianela Rodríguez, estuvo presente.
Durante la inspección intentaron medir algunos árboles, aunque la zona presentaba dificultades, pues la cerca de la demandante estaba en malas condiciones, con bambú, malla electrosoldada y mucha vegetación que impedía el acceso adecuado.
“Medimos aproximadamente la altura y el diámetro de los árboles, realizamos una evaluación fitosanitaria visual, ya que no contamos con equipos especializados como escáneres, y determinamos el estado de madurez de cada árbol. Sobre la posible afectación a la biodiversidad no se realizó un análisis en el momento”, detalló.
Diario Extra intentó contactar a Rodríguez, pero no atendió nuestras consultas.
Posible sanción por negligencia
“Autorizar la tala de árboles sin valorar el entorno ni las implicaciones ambientales podría constituir una negligencia en la resolución judicial”, aseguró Álvaro Sagot, especialista en derecho ambiental y docente de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Según el experto, hay un aparente fallo por parte del juez que revisó los análisis, en este caso Édgar Calvo, quien pudo hacer una solicitud para ampliar y profundizar.
Para Rodríguez, las consecuencias pueden ir desde una amonestación hasta la cancelación de sus credenciales en su colegio profesional e incluso el despido sin responsabilidad patronal.
Puesto que los cipreses estaban en una urbanización y en vía pública, el gobierno local tiene total competencia en el asunto.
“Parece que hubo falta de experiencia y supervisión en varias instancias, lo que llevó a aprobar una tala masiva sin considerar los impactos ambientales. Si hablamos de 65 árboles no es una poda prudencial, sino una tala rasa”, acotó.
A juicio de Sagot, la sociedad civil y el alcalde Jorge Arias pueden solicitar un procedimiento administrativo sancionador para determinar si la gestora de ambiente actuó de manera negligente.
Magistrados ceden a presión
Un total de 65 árboles corren peligro de ser cortados hasta
no tener resolución en firme para cambiar un fallo judicial.
La Sala Constitucional ordenó detener la corta de cipreses en El Tirol de San Rafael de Heredia.
La decisión se tomó tras recibir un recurso de amparo por parte de una vecina de la residencial El Monte, de modo que, según el procedimiento, la suspensión se mantiene hasta obtener una resolución.
“La persona recurrente acudió ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión inmediata de la tala de 65 árboles de ciprés en el Residencial donde habita. Alega la violación del artículo 50 de la Constitución Política, que establece el derecho de todas las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, indicó el oficio.
La accionante argumentó que dichos gigantes son de gran valor ecológico, ya que proporcionan una barrera natural contra el viento y sirven como un hábitat para diversas especies de fauna.
También denunció que la Municipalidad de San Rafael de Heredia llevó a cabo la corta sin justificación técnica ni cumplimiento de los procedimientos legales.
Walter Brenes, abogado ambientalista que acompaña el asunto desde el mencionado gobierno local, aseguró que apoyarán el proceso de dicho recurso de amparo.
“Los artículos 50 y 89 otorgan protección constitucional a las bellezas naturales de nuestro país. El Gobierno de Costa Rica tiene la obligación de garantizar esta protección y la Sala Constitucional está cumpliendo con ese mandato”, declaró.
El diputado del Frente Amplio Jonathan Acuña reiteró su oposición a que se destruya la flora y destacó que “es necesario se puedan aclarar en todos sus extremos los procesos seguidos, si la medida correspondía o si existían medidas alternativas”.
Luis Rodríguez, abogado constitucionalista, explicó que esta medida cautelar es temporal y busca evitar daños ambientales mientras se analiza si se ha violado el artículo o no.
“Es importante destacar que esta no es una decisión definitiva. La Sala aún no ha fallado sobre el fondo del caso y solo después de recabar las pruebas correspondientes emitirá una resolución final, que podría permitir o prohibir la tala de manera permanente”, afirmó el experto.
La respuesta de los magistrados dependerá de las pruebas técnicas que se presenten.
Si se determina que los intencionados aportan valor ambiental, la institución podría fallar en contra de la deforestación.
