La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) asumirá por completo los gastos de las deportaciones de peruanos que ingresaron al país de forma irregular.
Según el Sistema Integrado de Compas Públicas (Sicop), la entidad realizó una solicitud para adquirir boletos de avión y hacer efectivos los procesos pendientes.
“La compra de boletos atiende la necesidad de la Policía Profesional de Migración de adquirir boletos aéreos a Perú para que los funcionarios asignados a custodia puedan realizar el viaje requerido en el ejercicio de sus funciones, contando con la asesoría y el respaldo de la agencia”, explicó la DGME.
De acuerdo con la información suministrada, Migración y Extranjería dispone de ¢30.000.000 para ejecutar la denominada licitación reducida a lo largo del año.
La petición se realizó el pasado 31 de enero y está registrada bajo el número 0062024005200002.
FIN DE CONTRATO
En la documentación presentada por Migración se indica que anteriormente contaban con un fidecomiso por medio del cual realizaban la compra de boletos, sin embargo, el contrato finalizó y deben asumir por completo los gastos.
“Debido al vencimiento del mismo, fueron cancelados los contratos que este incluía, entre ellos el proyecto de la Policía Profesional de Migración, con lo que todos los contratos pasaron al presupuesto ordinario de la DGME”, externó la entidad.
“Posteriormente se realizaron los trámites de compra de boletos aéreos por medio de caja chica, durante los últimos dos años, (pero) deja de ser una opción viable para la administración”, argumentó.
No trascendieron las razones que los lleva a solicitar boletos únicamente con destino a Perú.
Conforme a la DGME, en caso de no realizar la compra de boletos, hay varios riesgos como atrasos en procesos administrativos, incremento en el pago de penalidades, mayor cantidad de extranjeros en el país que requieren aprehensión y cambio en las condiciones legales de los detenidos.
“La Policía Profesional de Migración requiere suscribir el servicio en la adquisición de boletos aéreos, con el fin de ejecutar deportaciones de personas extranjeras que se encuentran de manera irregular dentro de territorio costarricense, en aras de contribuir con la seguridad nacional”, recalcó la institución.