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El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) solicitó formalmente al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) la suspensión del Régimen Salarial Académico (RSA), al considerar que fue aprobado sin contar con los estudios técnicos, financieros ni jurídicos necesarios que respalden su validez y sostenibilidad.
La medida busca según las autoridades, prevenir riesgos legales y económicos asociados a la falta de sustento del modelo.
“Estamos actuando con responsabilidad. El país necesita reglas claras y sostenibles en el manejo del empleo público. Un régimen salarial sin respaldo técnico ni legal adecuado pone en riesgo la equidad, la estabilidad financiera y la seguridad jurídica de las instituciones“, explicó la jerarca de MIDEPLAN, Marta Esquivel Rodríguez.
La solicitud se basa en la revisión de información pública divulgada recientemente, la cual revela que el régimen salarial fue implementado sin un estudio actuarial específico ni un criterio jurídico que sustente su legalidad.
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Según MIDEPLAN, esta omisión genera “inconsistencias importantes, tanto desde el punto de vista legal como económico”.
Como entidad rectora del empleo público, el ministerio recuerda que la Ley Marco de Empleo Público establece que todas las universidades estatales (incluida la UCR) deben garantizar principios de eficiencia, razonabilidad y transparencia, y que cualquier normativa salarial debe estar respaldada por estudios confiables.
Además, advirtió que “mantener este régimen sin respaldo técnico podría incluso dar lugar a procesos judiciales por lesividad”, por lo que la solicitud de suspensión tiene un carácter preventivo.
Según Pedro Méndez, docente de la UCR y exsecretario académico, el RSA permite aumentos automáticos para cargos como decanaturas, en una proporción hasta 6 veces mayor a la de los salarios más bajos.
Méndez lo calificó como un modelo tipo “enganche”, ya que los aumentos se calculan a partir de un único puesto base.
“Desde MIDEPLAN reiteramos la importancia de que toda política salarial en el sector público cuente con fundamentos técnicos claros, criterios jurídicos sólidos y estudios financieros actualizados, con el fin de asegurar la sostenibilidad del empleo público y el uso responsable de los recursos del Estado“, reiteró la institución.