María del Pilar Garrido, ministra de Planificación, calificó de desatinada la decisión de los diputados de mantener la rectoría de empleo público en el Servicio Civil, ya que a su parecer eso debe de volverse competencia de la cartera que dirige.
Por esa razón, desde el Ejecutivo cocinan varias mociones que podrían ser presentadas en el Plenario por vía de la fracción oficialista para darle esa competencia al Mideplan.
Cabe recordar que, si bien el proyecto de Ley Marco de Empleo Público se encuentra en la Comisión de Gobierno y Administración, donde aún se analiza una decena de mociones, la iniciativa debe de volver a Plenario, espacio durante el cual se podrá presentar mociones de reiteración.
Esa será la oportunidad que aprovecharía el Ejecutivo para que el texto del proyecto vuelva al espíritu original.
“Nos parece una decisión desatinada cambiar esa rectoría tal como lo plantea la moción presentada, especialmente a la luz de lo dicho por la Sala Constitucional en la resolución 3629-2005, que señala que el ejercicio de rectoría u orientación y dirección política es una potestad constitucional atribuida únicamente al presidente de la República y el respectivo ministro o ministra. No se debe confundir el concepto de rectoría política con la rectoría técnica. Esta última es la que siempre ha tenido y seguirá teniendo Servicio Civil”, acotó Garrido.
Añadió: “Aún queda un día de mociones 137 y luego la etapa de mociones de reiteración en Plenario. Buscaremos más acercamientos con los diputados para plantearles nuestro punto de vista, con la esperanza de que este sea atendido y por ende hacer la enmienda correspondiente”.
Además, insistió en que Mideplan no ha propuesto tener la rectoría de empleo público, sino que ya forma parte de sus funciones.
“Mideplan no ha propuesto tener la rectoría de empleo público. Mideplan tiene la rectoría del empleo público, porque así lo determinó la Ley 9635, en su artículo 46”.
DECISIÓN
A finales de enero, siete fracciones de oposición votaron una moción para quitarle al Mideplan la rectoría en materia de empleo público y trasladarla a la Dirección General del Servicio Civil.
La moción se conoció en la Comisión de Gobierno y Administración, donde los legisladores conocieron las 301 de fondo al proyecto.
En el texto original se indicaba que el Mideplan tendría la potestad en esta materia porque así lo establecieron los congresistas en la Ley No.9635, Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas.
De no experimentar otra modificación, el Servicio Civil tendría la responsabilidad de establecer los parámetros para el salario global, aplicar los mecanismos en las familias de empleo que se crearían y las evaluaciones de desempeño, entre otras potestades.