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El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) expresó su oposición al proyecto de ley que plantea cerrar el Consejo Nacional de Producción (CNP) y transformar el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) en una nueva entidad.
El criterio fue expuesto ante los diputados de la Comisión Especial de Reforma del Estado durante la discusión del expediente 24.776.
El ministro Marlon Navarro afirmó que la propuesta presenta inconsistencias jurídicas y conceptuales sobre la figura institucional que pretende crear.
“Vamos a crear una institución autónoma y crear un ente público no estatal, cuando sabemos que el ente público no estatal es una figura completamente diferente, no tiene ninguna razón jurídica o legal”, subrayó.
Según explicó, el plan propone cerrar una institución autónoma para sustituirla por un ente público no estatal, lo cual, a su juicio, no resulta coherente con los objetivos planteados.
Además, agregó que el expediente supondría automáticamente ponerle candado a la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).
“Tenemos que tener claro que Fanal no es una empresa sola, sino que es una estructura dentro del CNP, no se puede vender, si cerramos el CNP, cierra fanal, porque va alineado”, señaló el jerarca.
Durante la audiencia legislativa, diputados de distintas fracciones plantearon dudas sobre el funcionamiento del CNP y los cambios que se han impulsado recientemente en la institución.
La diputada oficialista Paola Nájera consultó directamente si la razón de ser del Consejo había cambiado al punto de justificar su cierre. Navarro respondió que ocurre lo contrario y que “las reformas recientes buscan fortalecer el papel de la entidad”.
El presidente ejecutivo del CNP, José Córdoba, explicó que la institución avanza en procesos de reestructuración que incluyen la automatización de tareas mediante un nuevo sistema logístico alineado con el reglamento del PAI.
“Estas plazas que se están eliminando eran plazas que hacían funciones manuales que hoy el software logístico lo viene a automatizar”, indicó el jerarca.
No obstante, Castro advirtió sobre el impacto laboral de estos cambios y señaló la necesidad de prever políticas públicas para la transición de los trabajadores afectados. Aunque manifestó su apoyo a la modernización tecnológica, afirmó que el Estado debe anticipar sus consecuencias.