Micitt reafirma rezago del ICE contra competidores privados

La ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes detalló los principales obstáculos en la implementación de la red 5G en Costa Rica, reconociendo una brecha crítica entre el sector privado y la institución estatal.

Según explicó la jerarca durante su entrevista en el podcast de Grupo Extra “El Bien y el Mal”, el retraso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no es una percepción, sino una realidad palpable que afecta directamente la competitividad del país.

“Es quedarse rezagado, no es como un poco, es quedarse rezagado. Claro y Liberty ya están haciendo despliegue de redes 5G. ¿Y por qué el ICE no ha podido hacerlo? Porque los sindicatos del ICE que presentaron medidas cautelares y Huawei han decidido atrasar y hacerle daño”, comentó Bogantes.

Esta situación coloca al ICE en una posición de clara desventaja competitiva, pues mientras sus rivales ya ofrecen servicios activos, la empresa pública enfrenta trabas legales que le restan agilidad en el mercado. 

La ministra lamenta que se utilicen recursos legales, como medidas cautelares y recursos de amparo, para frenar el avance tecnológico de la institución.

No obstante, el origen de este retraso se vincula directamente con la decisión del Gobierno de intervenir en lo que Bogantes describe como una estructura de favoritismo histórico. 

Ante ello, justificó la exclusión de ciertos proveedores basándose en hallazgos sobre la gestión de contrataciones pasadas.

“Nosotros pudimos constatar como Huawei venía por años, por más de una década aprovechándose de empleados corruptos del ICE. El ICE sacaba contrataciones directas en donde no ponía a Huawei a competir con los otros proveedores de equipamiento”, agregó Bogantes.

La jerarca reveló que se logró constatar la venta de equipo que estaba a solo dos años de la obsolescencia como si fuera tecnología de punta, además de la existencia de contratos declarados confidenciales sin estudios de mercado previos.

Para Bogantes, detener esta “corrupción” era una prioridad que obligó a elevar los requisitos de ciberseguridad mediante el Convenio de Budapest, una normativa que busca proteger la infraestructura crítica nacional.

El Ministerio pretende que el ICE retome el despliegue en un plazo de aproximadamente 12 meses, confiando en que la justicia no dé lugar a nuevas apelaciones que sigan comprometiendo la modernización tecnológica de la institución pública.