
Los jerarcas del Poder Judicial advierten de un posible caos a nivel de criminalidad si se concreta el recorte presupuestario de ¢23 mil millones solicitado por el Ministerio de Hacienda.
Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y Carlo Díaz, fiscal general de la República, comparecieron este lunes en Corte Plena para dar sus apreciaciones de este posible nuevo recorte presupuestario.
Ambos consideran que la labor operativa de la policía judicial se verá disminuida para el combate contra el crimen organizado.
Díaz espera que la reducción de los homicidios en 2026 no se vea afectada a final del año.
Mientras que Soto indicó que habrá áreas más afectadas que otras, como el combustible y los viáticos para los operativos.