Mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa serán extraditados desde Costa Rica

Vinculados con el decomiso de 840 kilos de cocaína

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Tres ciudadanos mexicanos de apellidos Espinoza, Campos y Vidrio vinculados al Cártel de Sinaloa, serán extraditados este viernes 16 de octubre a Estados Unidos, donde son requeridos por una investigación relacionada con el presunto tráfico de cocaína.

Los extranjeros están vinculados con el decomiso de aproximadamente 840 kilogramos de aparente cocaína que eran transportados en una embarcación tipo yate llamada My Lissa Too, interceptada en abril de 2025 en aguas costarricenses, frente a la costa de Quepos, Puntarenas.

Según la información de las autoridades, la droga tenía como destino final Estados Unidos. Los tres hombres son requeridos por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin, por el presunto delito de conspiración para poseer cocaína e introducirla en ese país.

De acuerdo con la información oficial, los paquetes estaban ocultos en dos compartimentos de la embarcación y envueltos en celofán y cinta adhesiva.

¿Cómo será el traslado?

Los tres mexicanos serán movilizados por oficiales del Ministerio de Seguridad Pública desde el Centro Penitenciario La Reforma hasta la Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

En ese sitio se realizarán los trámites judiciales y migratorios correspondientes antes de que sean entregados a oficiales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que los trasladarán en una aeronave de esa agencia.

Proceso de extradición

Los requerimientos de extradición fueron presentados por las autoridades estadounidenses el 22 de abril de 2025. La solicitud fue concedida el 24 de febrero de 2026 y, tras una apelación de la defensa, quedó en firme en junio de este año, mediante una resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

En el proceso participaron autoridades judiciales costarricenses y estadounidenses, así como la Fiscalía, la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública.