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Los diputados en el Congreso discuten la figura económica para brindar recursos al Incofer y también la posibilidad de un servicio de metro en San José para aliviar los problemas de traslado de personas y congestionamiento vial.
Un grupo de ingenieros costarricenses, liderado por el expresidente de la Asociación Costarricense de Ingenieros en Construcción, Rodolfo Cárdenas, visitó las obras del metro en Panamá y concluyó que nuestro país cuenta con las condiciones para tener el mismo sistema de transporte.
“Si algún país tiene un sistema de transportes ágil, ¿por qué no tenerlo en Costa Rica? Aunque hemos topado trabas de gente que dice que no hay dinero, que no hay suficiente población… Pero no hay estudios de parte de las personas que argumentan que no se puede”, indicó Cárdenas.
Según el ingeniero, quien preside la Comisión del Colegio de Ingenieros y Arquitectos para impulsar la idea de un metro en Costa Rica, la iniciativa de un sistema como el que existe en Panamá es la alternativa más viable para Costa Rica y con muchas ventajas, por ejemplo, no tendrán que realizarse expropiaciones.
“Estamos de acuerdo en que hay que modernizar el tren, pero ahí lo que están haciendo es movilizar personas de Cartago a Alajuela y ¿qué pasa con los demás? El caos vial no es solo por las personas que viajan en ese sentido. También hay caos vial porque Desamparados y Guadalupe tienen la mayor densidad de población, así como entre Curridabat y Pavas”, manifestó Cárdenas.
Luego de la visita, los ingenieros consideran que la primera etapa de este proyecto debería construirse entre Desamparados y Goicoechea con tránsito por San José. Esto representa un recorrido de 10 kilómetros y con un costo de ¢529.000 millones, que según el experto podrían ser financiados por operadoras de pensiones que ya han conversado del tema con las autoridades.
DIPUTADOS EN CONTRA
En noviembre del año anterior los diputados en la Asamblea Legislativa frenaron la intención de los jerarcas del Incofer para financiar un estudio de factibilidad con un valor de ¢3.600 millones, cifra que fue duramente cuestionada y que en la actualidad mantiene a los congresistas de la Unidad Social Cristiana (PUSC) bien fuertes en la posición de no entregar dineros al Incofer sin la debida supervisión y fiscalización para evitar el despilfarro y eventuales piñatas de fondos públicos.
“Creemos que el Incofer debe fortalecerse pero no debe de ir en detrimento de la transparencia en el uso de lo recursos públicos. Es importante mantener igual en las normas de contratación, máxime que el Incofer no está en régimen de competencia”, indicó en control político el diputado Johnny Leiva.
La Contraloría General de la República había cuestionado el régimen especial con que se quiere financiar al Incofer. “La reforma planteada al articulo 16 incido ch) de la Ley 7.001, atiende a la creación de un régimen especial de contratación que se encuentra razonable por cuanto la emisión de la Ley 8.660 se fundamentó en relación con el ICE, al estar en un régimen de competencia, régimen que el Incofer no tendrá”.