Un proyecto de ley que se estudia en la Asamblea Legislativa pretende que las empresas que se dedican a desarrollar tecnología para la prestación de servicios financieros (fintech) deben estar autorizadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), previa recomendación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La iniciativa, tramitada con el expediente 24.295, fue uno de los últimos proyectos presentados por Jorge Dengo, hoy exdiputado, junto con sus compañeros de fracción del Partido Liberal Progresista.
Las fintech desarrollan tecnología, como softwares, aplicaciones, etc., usados para fomentar transacciones u operaciones financieras.
En Costa Rica, según datos de la red de fintech Misión Lunar, existen 55 compañías de este tipo. De ellas, 31 están en el segmento de pagos, transferencias, apoyos a datáfonos, entre otros; 16 más realizan software financiero; nueve trabajan préstamos digitales; siete laboran con criptoactivos; una es un neobanco y otra hace intercambio de activos.
LO QUE PROPONE EL PROYECTO
El artículo 6 de la propuesta plantea que el Conassif debe autorizar a las empresas que realicen estos servicios, luego de una recomendación que brinde la Sugef. Inclusive la nueva norma establece que, si en el país opera una compañía de este tipo sin estar autorizada, el supervisor del sistema financiero puede solicitar apoyo a la Fuerza Pública para cerrar las oficinas donde se desarrollan las operaciones.
Por otra parte, entre las funciones que tendría la Sugef, además de, recomendar o no el otorgamiento del permiso de operaciones de este tipo de compañías estarían: supervisar la constitución y operación de las fintech; definir requisitos de autorización, plazos, características, límites y tipos de cuentas de pagos; y ordenar el cese o la suspensión de actividades u operaciones que sean contrarias a las leyes o los reglamentos.
La norma también les exige resguardar los fondos en instituciones supervisadas por el sistema financiero nacional y mantener una reserva para enfrentar problemas de liquidez en el Banco Central de Costa Rica (BCCR).