Una aparente falta de atención a la solicitud de un subsidio desde hace siete años llevó a Valentín Cortés Granados y Adelaida Sánchez Porras, vecinos de Ticabán de Pococí, Limón, a interponer un recurso de amparo contra el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
El caso se tramita bajo el expediente 22-015862-0007-CO desde el 18 de julio, según indicó Cortés Granados.
En el recurso se indica que ambos recurrentes son adultos mayores y jubilados con una exigua pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El ciudadano de oro declaró que el 12 de mayo presentaron una solicitud de ayuda económica con el propósito de emprender un pequeño negocio de maquila, por lo que ocupan capital para comprar los materiales.
Aseguró que al dirigirle la solicitud a Yorleni León Marchena, presidenta ejecutiva del IMAS, solicitó que les hicieran los estudios pertinentes y les ayudaran por su condición de adultos mayores.
SIN RESPUESTA
No obstante, dijo que a la fecha de la interposición del recurso ni siquiera les dieron respuesta.
“Presenté este recurso de amparo por una aparente negligencia que ha habido desde hace más de siete años que hicimos las primeras diligencias, según la prueba que presenté en la Sala Constitucional.
Están violentando el artículo 27 constitucional y otros. Quiero que la Sala Cuarta le dé el tiempo de ley a Yorleni León para que conteste a la Sala Constitucional por qué ha habido aparente negligencia de no contestar en el término de dos meses como corresponde”, expresó Cortés Granados.
El recurrente externó su molestia al afirmar que mientras a ellos los dejan esperando, a inmigrantes nicaragüenses les dan desde bonos de vivienda hasta ayudas alimentarias y subsidios de alquiler.
VIOLACIÓN DE DERECHOS
Cortés Granados aseguró que le violentaron el derecho de pronta respuesta en la petición de ayuda económica y ni siquiera les realizaron los estudios sociales pertinentes.
De igual forma interpusieron una acción por la supuesta violación a la Ley de Protección al Adulto Mayor porque buscan la protección del Estado en su condición de adultos mayores.
Añadió la aparente violación del principio de igualdad ante la ley y la no discriminación entre nacionales y extranjeros.
“Pido que se declare con lugar el amparo y se ordene a la recurrida que dentro del plazo de ley proceda a iniciar los estudios pertinentes, a efectos de que se analice la pertinencia de nuestra petición.
Además que se nos garantice que nuestra condición de adultos mayores sea respetada, así como que se nos otorgue la ayuda que necesitamos y que, reiteramos, no es regalada, sino que queremos valernos por nosotros mismos para contribuir a la economía del país”, finalizó el adulto mayor.