Meten presión por Red del Bicentenario

Diputados de distintas bancadas enviaron un oficio a la contralora general Marta Acosta para meter presión y se solucione la problemática que se ha generado con la Red del Bicentenario.

La novela del proyecto que pretende llevar conexión de internet a los más de 4.000 centros educativos de Costa Rica sumó un nuevo capítulo con la entrega de este documento a la Contraloría General de la República (CGR).

Los legisladores afirmaron en el escrito que están sumamente preocupados por el estado de la propuesta, que se encuentra varada por parte de la CGR, después de que el ente contralor encontrara problemas en diversas ocasiones con el contrato firmado con la Fundación Omar Dengo (FOD).

Desde Cuesta de Moras indican que han dado seguimiento a cada uno de los informes de la CGR donde frena el proyecto por irregularidades, pero le piden que agilice la resolución de la orden DFOE-CAP-ORD-00001-2021.

El expediente está en la etapa de apelación, la cual fue interpuesta por el Ministerio de Educación Pública (MEP), que solicita se continúe la implementación de la red con la FOD.

“Hemos visto cómo alrededor del proyecto se ha generado una incertidumbre, desde distintos ámbitos, como el legal, administrativo y financiero, a raíz de los criterios divergentes entre el MEP y la Contraloría, respecto a cómo desarrollar la Red Educativa. Estas condiciones suponen un riesgo para que la Red pueda convertirse en una realidad en el corto plazo y para que así el país pueda comenzar a atender una necesidad educativa que es urgente de solventar, como bien lo evidenció la emergencia nacional por Covid-19.

Y es que, de no materializarse el proyecto, se le estarían restando oportunidades a un 73% de la población estudiantil, una cifra nada despreciable de 790.000 educandos”, menciona el oficio enviado a la Contraloría.

Parte de la presión que intentan ejercer los congresistas es porque desean que el problema esté resuelto antes de que el gobierno cambie y no se atrase más con un nuevo gabinete, pues los estudiantes son los más perjudicados.

La iniciativa se divide en un 50% de ejecución por parte de la FOD y el otro 50% por parte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Estos últimos también están estancados, a pesar de no ser parte del problema.