
La Asociación Consumidores de Costa Rica interpuso un recurso de amparo en contra del cierre de los comercios y otras restricciones para el acceso a bienes y servicios.
Se pide a la Sala Constitucional declarar con lugar la gestión en la que se apela a que se suspenda la resolución número MS-DM-6196-2020 del 17 de julio del 2020 en la que se prohíbe comprar todo lo que no éste en el decreto.
“La restricción al ejercicio del comercio afecta a muchos ciudadanos que, ya sea como propietarios o trabajadores de dichos comercios, verán mermados sus ingresos o incluso reducidos a cero”, indica la asociación como parte de sus argumentos.
Aseguran que la pandemia no va a desaparecer en el corto plazo y que al momento de dictar disposiciones generales, es necesario que las autoridades públicas consideren la protección de intereses económicos y libertad de elección de los consumidores.
También se amparan a los principios de igualdad y de autonomía de la voluntad, para que se garantice la posibilidad de adquirir productos que, a juicio de los consumidores, satisfagan una determinada necesidad.
“Después de cuatro meses, los costarricenses debemos aprender a convivir con la pandemia, sin que ello implique exponer nuestra salud, el gobierno de Costa Rica debe considerar que, los establecimientos comerciales no pueden permanecer cerrados por más tiempo. De ser así, además de una crisis de salud, el país también se expondría a una recesión económica que, al final, afectaría a los consumidores, por una disminución de la producción de bienes y servicio”, argumenta la Asociación en el recurso.
Afirman que si las incongruencias se mantienen durante la pandemia sin ninguna motivación técnica, salvo el respetable, mas no motivado, dicho del Ministerio de Salud, ello provocaría una seria distorsión en el mercado, en perjuicio del eslabón más débil de la cadena productiva, a saber, los consumidores.
Las restricciones no han afectado a las farmacias y a los centros de salud privados, sino el acceso a otro tipo de bienes, que van desde candelas y bombillos, neveras y cocinas, hasta ropa y artículos de tecnología y según Consumidores de Costa Rica, limitar el acceso a todos estos bienes puede significar una diferencia importante en la salud física y mental de los habitantes.
Sin embargo, aducen el gobierno sí los habilita a comprar lotería y productos de azar e ir a moteles, como si ello fuera esencial y sumamente necesario para la vida de los costarricenses.
“Estamos ante una violación del principio constitucional de igualdad, toda vez que no existe congruencia ni un método lógico para definir cuáles establecimientos comerciales son prioritarios para los consumidores. Se violenta el derecho constitucional a la libertad de elección”, argumentaron.