
La utilización de clases, tareas, actos cívicos, plataformas institucionales o cualquier otro espacio educativo para promover o desacreditar partidos políticos, candidaturas o posiciones sectarias (persona que defiende sus ideas o a su grupo a ciegas) quedó expresamente prohibida en los centros educativos públicos del país.
La disposición también impide que estudiantes sean inducidos a participar en actividades de carácter político-electoral y establece que las autoridades deberán dar seguimiento a eventuales incumplimientos.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió la circular DM-CIR-0047-2026, vigente desde el 3 de julio, mediante la cual recuerda el deber de neutralidad político-electoral que debe prevalecer en los centros educativos públicos.
El documento está dirigido a direcciones regionales, supervisiones, centros educativos y al personal docente, técnico-docente y administrativo-docente.
“La presente circular tiene por objeto recordar y precisar el deber de neutralidad político-electoral y pedagógica que rige el funcionamiento de los centros educativos públicos, así como prevenir cualquier forma de proselitismo, propaganda, adoctrinamiento”, dice la circular.
La circular enfatiza que las restricciones no impiden el análisis de asuntos políticos, sociales, económicos o institucionales cuando estos formen parte de los programas oficiales de estudio.
En esos casos, el abordaje deberá realizarse mediante fuentes diversas, metodologías equilibradas y con respeto a la pluralidad, promoviendo el pensamiento crítico del estudiantado.
Entre las principales disposiciones incluidas en el documento están:
El MEP aclara que el estudio de procesos electorales, instituciones públicas, derechos humanos, ideologías, movimientos sociales o debates nacionales continúa permitido cuando responda al currículo y se imparta con objetividad.
En ese sentido, el personal docente deberá presentar diferentes perspectivas, fomentar la argumentación y abstenerse de imponer opiniones como criterio institucional o de evaluación.
Además, la circular señala que las direcciones regionales, supervisiones y direcciones de centros educativos deberán divulgar estos lineamientos y documentar cualquier eventual incumplimiento para remitirlo a las instancias como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) o las dependencias del MEP.


