MEP someterá eventual visita de estudiantes a cárceles a análisis científico y jurídico

Una eventual propuesta para que estudiantes visiten centros penitenciarios como estrategia para prevenir el reclutamiento por parte del crimen organizado deberá superar un análisis técnico, científico, pedagógico y jurídico antes de ser considerada por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Así lo aseguró el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, al responder el oficio técnico firmado por 39 profesionales en psicología, orientación, trabajo social y otras disciplinas de la Dirección de Vida Estudiantil, quienes rechazaron la posibilidad de implementar esta medida propuesta por la presidenta, Laura Fernández.

Los especialistas cuestionaron el anuncio realizado por el Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de que estudiantes de zonas consideradas vulnerables visiten el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco) como estrategia preventiva.

En su respuesta, Sánchez aclaró que el Ministerio no ha diseñado una metodología pedagógica ni ha adoptado una decisión administrativa sobre el tema.

“Lo que existe es el inicio de un proceso de análisis técnico e interdisciplinario. En consecuencia, no resulta posible emitir una valoración técnica definitiva sobre una intervención cuya configuración aún no existe”, dijo Sánchez.

El jerarca explicó que la Dirección de Vida Estudiantil participará en ese proceso junto con otras dependencias técnicas y que el criterio remitido por los profesionales será incorporado como uno de los insumos especializados para la toma de decisiones.

Asimismo, indicó que cualquier eventual propuesta deberá demostrar que fortalece las estrategias preventivas que desarrolla el MEP y que contribuye a mantener a las personas estudiantes dentro del sistema educativo.

“Cualquier eventual propuesta únicamente podría ser considerada si demuestra, de manera objetiva, que contribuye al fortalecimiento de las estrategias de prevención para proteger a la niñez y la adolescencia del reclutamiento por parte de organizaciones criminales. Para ello deberá sustentarse en evidencia científica, criterios técnicos especializados, mediación pedagógica y evaluación de riesgos”, señaló el jerarca.