MEP sigue sin dar plaza en propiedad a docentes interinos 

Pese a aplicación de Ley de nombramientos

Más de 400 docentes interinos aseguran mantenerse en incertidumbre ante la falta de claridad sobre la aplicación de la Ley 10.777, normativa que busca otorgar plazas en propiedad a educadores que hayan ocupado por más de dos años el mismo cargo dentro del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La legislación, publicada hace seis meses en el Diario Oficial La Gaceta y que fue impulsada por el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, establece en su artículo 100 la posibilidad de que docentes interinos accedan a estabilidad laboral mediante el nombramiento en propiedad. Sin embargo, educadores afirman que todavía desconocen cuáles plazas serán tomadas en cuenta y quiénes podrán resultar beneficiados.

Uno de los casos es el de Randall Quesada, docente de matemática del Centro Integrado de Educación de Adultos (Cindea) La Paz, en San Ramón, quien acumula cerca de 14 años de interinazgo dentro del sistema educativo.

“Hay incertidumbre, claro, a mí me pueden decir que hay 16.300 plazas, pero ¿quiénes son? ¿Será que entro o no entro?”, señaló Quesada, quien forma parte de un grupo de educadores organizados para solicitar información sobre el proceso.

Falta de claridad sobre aplicación

Según explicó el docente en entrevista con Grupo Extra, los educadores comenzaron a organizarse tras la aprobación de la ley con el objetivo de investigar cómo se implementará y cuáles serán los criterios utilizados por el MEP.

Entre las principales preocupaciones se encuentran las plazas que históricamente no han sido asignadas en propiedad, modalidades educativas excluidas de concursos anteriores y la falta de actualización en los registros de oferentes.

El último concurso docente se realizó en 2019, situación que, según los educadores, ha impedido que muchos funcionarios actualicen atestados y puedan participar en futuros procesos.

Quesada indicó que algunos docentes también quedaron fuera de mecanismos anteriores, como el transitorio IX de la Ley Marco de Empleo Público, debido a movimientos administrativos o cambios de institución.

“Tal vez lo que necesitamos es un poco más de claridad, que ya empiecen a ponerle puntos y comas al reglamento y brindar mayor claridad para que todos estemos más tranquilos”, agregó.

Cuestionamientos a concursos docentes

Además de la aplicación de la Ley 10.777, los educadores señalaron problemas relacionados con los concursos para obtener plazas en propiedad dentro del sistema educativo.

De acuerdo con Quesada, algunos procesos anteriores generaron inconformidad entre los participantes debido a que los aspirantes desconocían con exactitud a qué plaza podían optar o en cuál centro educativo serían nombrados.

El docente explicó que, en ocasiones, los participantes seleccionaban regiones o zonas disponibles y posteriormente recibían una notificación sobre la plaza asignada, lo que provocaba renuncias o desistimientos cuando el lugar no coincidía con sus expectativas.

“Los métodos de selección deben ser más claros y transparentes para que la persona que esté en un puesto docente pueda tener mayor seguridad sobre su nombramiento”, afirmó.

Randall Quesada 

Docente interino hace 14 años 

Yo tengo cerca de 14 años de ser interino dentro del MEP y, como muchos compañeros, sigo esperando una oportunidad para obtener una plaza en propiedad. La aprobación de esta Ley generó esperanza entre nosotros, pero todavía falta mayor claridad sobre cómo se aplicará y cuáles serán finalmente los criterios que utilizarán las autoridades”.
 

MEP se refiere al proceso

El Ministerio de Educación Pública informó recientemente que identificó más de 16.300 plazas para eventual nombramiento en propiedad bajo la ley. Además, trasladó el tema a la Junta Paritaria para iniciar mesas de diálogo sobre las condiciones de aplicación.

“La normativa avanza de forma seria, técnica y responsable, garantizando seguridad jurídica, protección de derechos y respeto al marco legal vigente. Actualmente, trabajamos con Servicio Civil y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (…) para la correcta aplicación de la ley”, dijo el MEP.