El Ministerio de Educación Pública (MEP), por medio de su jerarca Leonardo Sánchez, respaldó el proyecto de ley que busca eliminar el uso obligatorio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para determinadas contrataciones de las Juntas de Educación, al considerar que el mecanismo puede convertirse en un “cuello de botella” para ejecutar recursos.
La iniciativa fue presentada por el diputado oficialista Nogui Acosta y plantea que las Juntas únicamente deban aplicar integralmente la Ley General de Contratación Pública cuando una compra supere el 50% del límite inferior establecido para la licitación menor del régimen ordinario.
Consultado sobre la propuesta, Sánchez adelantó que el criterio del MEP será favorable, aunque señaló que deberá pasar primero por una revisión técnica y legal.
“Consideramos que el tema del Sicop podría ser un cuello de botella para que se ejecuten los recursos que son tan necesarios para los estudiantes”, manifestó el jerarca.
Sánchez argumentó que las características de las Juntas dificultan la utilización del sistema de compras públicas y señaló que existe una rotación constante de sus integrantes, pese a las capacitaciones que reciben sobre contratación administrativa.
Según el ministro, entre un 40% y un 50% de las Juntas carecen de condiciones como firma digital, computadora o acceso a internet desde la vivienda para realizar estos procedimientos.
Además, aseguró que una parte importante de sus integrantes posee niveles educativos que van desde primaria incompleta hasta secundaria incompleta, lo que, según su criterio, complica el cumplimiento de los trámites requeridos por Sicop.
El jerarca defendió que existen otros mecanismos para supervisar la utilización de los fondos públicos.
Las Juntas manejan recursos vinculados con:
El proyecto de Acosta no plantea eliminar completamente los controles sobre las compras. Cuando las contrataciones se realicen fuera de Sicop deberán quedar respaldadas mediante un expediente físico o electrónico que detalle, entre otros aspectos, la necesidad de la adquisición, el monto, la fuente de financiamiento, el proveedor elegido y la justificación de esa selección.
Además, se mantendría la fiscalización correspondiente por parte del MEP, las municipalidades y la Contraloría General de la República (CGR).
La propuesta también contempla a las Asociaciones de Desarrollo Comunal.