
En los primeros cuatro meses de 2026, las entidades del sector público reportaron 211 denuncias por hostigamiento sexual ante la Defensoría de los Habitantes, una cifra que ya supera en 12 casos la registrada en el mismo período de 2025.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) encabeza la lista de instituciones con mayor cantidad de denuncias. Solo entre enero y abril de 2026 acumuló 112 casos, más de la mitad del total reportado en ese período.
En 2023, el MEP registró 260 casos resueltos de un total de 452 en todo el
sector público, lo que significa que más de la mitad de las denuncias del país ese año se concentraron en una sola institución.
Asimismo, datos solicitados por Grupo Extra al Departamento de Asuntos Disciplinarios del ministerio revelan que entre 2020 y 2025 un total de 523 funcionarios, entre docentes y personal administrativo, fueron separados de sus cargos por delitos de connotación sexual.
La misma fuente muestra un aumento en este tipo de casos, especialmente en acoso y abuso. Entre 2020 y 2024, las denuncias registraron un incremento del 107%.
El dato más preocupante corresponde al abuso sexual. En ese mismo período, 22 funcionarios fueron despedidos sin responsabilidad patronal.
Por su parte, datos de 2023 reportados por la Defensoría señalan que el 92% de las víctimas son mujeres y que el 93% de las personas denunciadas pertenecen al sexo masculino. En cuanto a la relación entre quien denuncia y quien es denunciado, el 47% de los casos involucra a una persona en una posición de autoridad sobre la víctima.
Adicionalmente, entre enero y abril de 2026 se registraron 83 casos de menores afectados por hostigamiento sexual en el sector público.
“Sigue siendo preocupante la cantidad de personas menores de edad que han reportado ser víctimas de hostigamiento sexual”, citó la Defensoría.
Como medida preventiva, el ministerio indicó que imparte un curso tres veces al año sobre atención y prevención del hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, dirigido a todo el funcionariado, aunque su participación no es obligatoria.
“Se oferta un curso tres veces al año sobre atención y prevención del hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, dirigido a todo el funcionariado, pero no es obligatorio. Además, se brindan capacitaciones específicas a los centros educativos o direcciones de oficinas centrales que lo soliciten”, expresó.
Indicaron, además, que las medidas cautelares aplicadas dependen de la gravedad de la falta investigada y pueden ir desde medidas alternativas hasta la reubicación del funcionario en labores administrativas.
Estos casos tardan en promedio de seis a 12 meses y son resueltos por el Tribunal del Servicio Civil, que emite la resolución definitiva.

