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La Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública (MEP) detectó problemas en el control de los procesos judiciales en los que participa la institución, entre ellos expedientes incompletos, pagos que no pudieron verificarse y registros contables que no estaban actualizados.
Uno de los principales resultados fue que, de 51 pagos relacionados con procesos en los que el MEP figuraba como demandado, solo 20 pudieron comprobarse con la documentación. Los otros 31 no pudieron verificarse, debido a la falta de respaldo documental.
Esto no significa que esos pagos no se hayan realizado, sino que la auditoría no encontró los documentos necesarios para confirmar su cumplimiento.
“Esto contraviene principios básicos recogidos en la Ley de Protección de Datos, donde se nos dice que la información siempre, máxime en una institución pública, debe estar actualizada”, explicó Carlos Campos, abogado experto en derecho administrativo.
La revisión detectó expedientes judiciales con información incompleta y documentos que no pudieron ser examinados. De los 52 casos en los que el MEP figuraba como demandado, 17 tenían información incompleta y tres no fueron entregados para su revisión. Otros 27 estaban completos y cuatro seguían en proceso de revisión o elaboración.
Además, la auditoría examinó 29 expedientes en los que el ministerio figuraba como demandante. En estos casos, se evaluaron 94 criterios sobre el registro y control de la información. De ese total, 30 no se cumplían y ocho carecían de registro.
“En caso de no estarlo (actualizado) y que eventualmente esa desactualización implique lesiones patrimoniales o de otro tipo a alguna persona, (…), podrían tener represalias y algún tipo de procedimiento administrativo para las personas responsables y encargadas. Las bases de datos en Costa Rica deben estar actualizadas”, añadió Campos.
El informe también encontró problemas para determinar el estado real de algunos procesos judiciales y verificar si los registros del MEP estaban al día.
Por ejemplo, uno de los expedientes mantenía una deuda pendiente de ¢160.700, aunque el pago ya se había realizado. Según la revisión, la institución había cancelado ¢931.614 por la sentencia.
La auditoría también encontró casos que seguían apareciendo como activos pese a que ya estaban cancelados.
La auditoría recomendó mejorar la coordinación entre las oficinas del MEP que manejan los procesos judiciales, como las direcciones de Asuntos Jurídicos, Financiera y de Gestión de Talento Humano, así como la comisión encargada de las normas contables del sector público.
Por lo anterior, se planteó crear un procedimiento para mantener actualizada la información de los litigios, revisar los registros y comparar los datos legales con los contables.
El MEP tiene plazo hasta el 31 de marzo de 2028 para formalizar ese procedimiento.
“En casos como este, donde se encuentran esas debilidades y falencias, las mismas deben ser subsanadas inmediatamente. Asimismo, atenerse a las consecuencias los funcionarios implicados en esos retrasos”, dijo el jurista.
El informe indica que la estrategia se concentrará en prevenir nuevos problemas y mejorar los registros hacia adelante.