MEP detecta debilidades que afectan atención de denuncias por violencia 

Una investigación del Ministerio de Educación Pública (MEP) identificó limitaciones de personal, dificultades con los plazos de respuesta y retos tecnológicos que afectan la gestión de denuncias relacionadas con hechos de violencia en los centros educativos.

Los hallazgos forman parte del informe emitido por el ministerio denominado: “Aspectos sobre recepción, clasificación, atención, seguimiento y cierre de denuncias por violencia en centros educativos para el diseño de un sistema de gestión integrado en el MEP”, elaborado en 2025 por el Departamento de Estudios e Investigación Educativa.

El estudio examinó el funcionamiento de la Contraloría de Derechos Estudiantiles y el Departamento de Asuntos Disciplinarios, dos áreas que intervienen en la atención de estos casos desde ámbitos distintos.  La investigación encontró condiciones que pueden dificultar la atención y reducir la capacidad de respuesta. 

Una de ellas es la cantidad de recurso humano disponible. Por ejemplo, en la contraloría, el informe señala que la cantidad de personal, el volumen de casos, la complejidad de los procesos y el tiempo requerido para cumplir sus funciones hacen que la capacidad instalada sea limitada frente a la demanda existente.

Para Ingrid Naranjo, psicóloga y experta en prevención de violencias, las debilidades identificadas representan una oportunidad para revisar la forma en que se reciben, registran y atienden los casos. 

“Las debilidades deben atenderse para una atención oportuna y significativa de las víctimas. Es necesario identificar cuáles casos requieren prioridad de acción y mejorar los procedimientos, actualizarlos y contextualizarlos a las necesidades actuales de las personas estudiantes”, explicó Naranjo. Una situación similar fue identificada en asuntos disciplinarios. Según el documento, la cantidad de personal es restringida frente al volumen y complejidad de los procesos que debe atender esta dependencia.

Datos de violencia 

Lo anterior se presenta en un contexto en el que los centros educativos acumulan, a julio de 2026, 197 casos de violencia entre estudiantes. En años anteriores, considerando el registro de todo el año, se reportaron 420 casos en 2025, 497 en 2023 y 587 en 2022.

Otros tipos de violencia también registran una cantidad importante de casos. A julio de este año se contabilizan 190 situaciones de bullying, mientras que la violencia ejercida por personas adultas contra estudiantes presenta la cifra más alta, con 291 episodios.

Los datos corresponden a la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, una de las instancias cuyo funcionamiento fue analizado en el informe. 

Naranjo también planteó la necesidad de actualizar los protocolos y fortalecer la capacitación del personal docente, administrativo y auxiliar. Además, señaló que los casos deberían concentrarse en un único canal de registro, con el fin de evitar la dispersión de la información y facilitar su seguimiento y priorización.

“Fortalecer sus conocimientos, capacitarles y actualizarles en la temática, mejorar los procedimientos es sin duda una de las estrategias que sí o sí va a minimizar el impacto que esto que se ha identificado dentro del Ministerio”, afirmó la experta.

Pero, además de lo anterior, el estudio muestra algunos datos sobre la violencia registrada en los centros educativos. Durante 2023 se contabilizaron 27.861 casos, de los cuales 7.773 correspondieron a violencia física, 7.737 a violencia verbal, 3.334 a bullying, 2.891 a violencia psicológica y 1.593 a ciberbullying. 

Eso sí, estas cifras corresponden a casos registrados y no al número de estudiantes afectados, ya que una misma persona puede aparecer en más de un reporte.

Plazos pueden

extender atención

Otro de los problemas detectados tiene que ver con los tiempos de respuesta. La investigación señala que existe una diferencia entre el plazo administrativo de 8 a 10 días hábiles y la necesidad de actuar con rapidez cuando las denuncias involucran a menores de edad. 

En algunos casos, derechos estudiantiles debe esperar informes elaborados por las direcciones de los centros educativos. Si estas utilizan todo el plazo administrativo para entregarlos, la respuesta a la persona denunciante puede tardar más, según advierte el estudio. 

Asuntos disciplinarios también enfrenta demoras por la carga de trabajo, la dificultad para localizar testigos y atrasos durante los procesos. Además, recibe casos menores que deberían ser atendidos por las propias direcciones de los centros educativos.

“Las implicaciones son amplias, porque en la medida en la que no se corrija la forma en la que se atiende, vamos a tener una revictimización, vamos a tener una inatención y vamos a seguir fortaleciendo la sensación de indefensión que presentan las víctimas. 

Respecto de las personas testigos, observadoras o cómplices, también habría una sensación de impunidad que también reviste a quienes ejercen la agresión”, enfatizó Naranjo. 

Ingrid Naranjo 

Psicóloga 

“Otra de las implicaciones es la falta de atención oportuna de las posibles secuelas en todas las áreas de las personas involucradas en esta dinámica. Es prioritaria la atención integral de las personas estudiantes víctimas, sus familias, amistades y su círculo inmediato dentro de la comunidad educativa, ante situaciones como la estigmatización, la persecución y la imposibilidad de descansar frente a estas situaciones por la vía digital”.