
La prueba de idoneidad que aplicará el Ministerio de Educación Pública (MEP) no alcanzará a los docentes contemplados en la Ley 10.777.
Así lo aclaró el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, al señalar que este grupo ya acreditó su idoneidad durante concursos anteriores, por lo que no deberá someterse a una nueva evaluación para optar por una plaza en propiedad.
La legislación, publicada desde el año pasado en el Diario Oficial La Gaceta y que fue impulsada por el exdiputado del PUSC, Alejandro Pacheco, establece en su artículo 100 la posibilidad de que docentes interinos accedan a estabilidad laboral mediante el nombramiento en propiedad.
La aclaración surge luego de que el ministerio anunciara la aplicación de pruebas a más de 5.000 funcionarios administrativos y de apoyo, lo que generó dudas entre el personal docente sobre si ese requisito también sería obligatorio para quienes participan en el proceso de nombramientos derivado de la Ley 10.777.
Según explicó el jerarca, los más de 16.300 funcionarios que podrían beneficiarse con esa legislación ya participaron en concursos realizados entre 2017 y 2018, cuando presentaron sus atestados ante la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) para demostrar que cumplían con los requisitos del puesto.
Tras varios meses de análisis, ambas instituciones acordaron reconocer esa documentación, por lo que no será necesario aplicarles una prueba adicional.
En contraste, la prueba de idoneidad sí está dirigida a funcionarios administrativos, técnicos y de apoyo, entre ellos conserjes, cocineras, guardas y otros perfiles que buscan obtener una plaza en propiedad.
El ministro recalcó que la evaluación no medirá conocimientos académicos, sino las competencias y habilidades requeridas para desempeñar las funciones de cada cargo.
El MEP indicó que este proceso iniciará en septiembre con la convocatoria de los aspirantes, mientras que el concurso para los docentes amparados por la Ley 10.777 continuará con las etapas previstas para concretar los nombramientos en propiedad hacia finales de este año.
Es decir, según el calendario que compartió la cartera, el MEP debe tener listo el plan institucional a más tardar el 17 de noviembre para después proceder con los puestos en propiedad.
