La Contraloría General de la República (CGR) realizó un informe de auditoría al Ministerio de Educación Pública (MEP) con respecto a la gestión de recursos tecnológicos destinados a los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje en dicha cartera.
HALLAZGOS
El órgano contralor determinó que el MEP no ha determinado las necesidades en materia tecnológica para cada centro educativo del país. El Modelo para la Inclusión de Tecnologías Digitales en la Educación (MITDE) cuenta con una herramienta para determinar estas necesidades, según lo indicó la Contraloría.
“La Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE), encargada de la gestión e introducción de dichos recursos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se encuentra en proceso de reestructuración desde 2018 y al mes de octubre de 2022 no se ha concretado dicho ajuste.”, subraya el documento de la Contraloría.
El MEP cuenta con tres programas para promover el uso de la tecnología en la educación, sin embargo, cada uno se administra de forma diferente por lo que la gestión de entrega de equipo tecnológico genera desigualdad.
“Por ejemplo, al mes de junio de 2021, 976 de 5.319 centros educativos 5 no cuentan con recursos tecnológicos digitales brindadas por alguno de esos programas para sus procesos de enseñanza y aprendizaje”, menciona el documento de la Contraloría.
El ente contralor determinó que existe desconocimiento en el nivel de preparación del docente para la adopción de las tecnologías digitales como parte de su labor de enseñanza.
Y esa problemática provoca falta de evaluación sobre las capacidades digitales docentes y dificulta identificar las necesidades de formación o capacitación que estos requieren, y con ello reforzar aquellas áreas en que presenten mayor debilidad. “En cuanto a la falta de estrategias de distribución, a modo de ejemplo, se determinó que se dispone de recursos de robótica cuyo valor asciende a ₡32 millones aproximadamente, y que se encuentran en el Centro de Almacenamiento y Distribución desde enero 2022, según indica la Administración, debido a limitaciones para adquirir gasolina para su distribución”, asegura el órgano contralor.