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Familia afectada espera resolución del Tribunal Contencioso Administrativo.
Una familia turrialbeña espera desde hace seis meses que el Ministerio de Educación Pública (MEP) le proporcione a su hija de cinco años con discapacidad una asistente para que pueda continuar estudiando, pese a su limitación física.
Desde el año pasado la menor fue internada en el Hospital Nacional de Niños y al presentar complicaciones de movilidad, secuelas de la enfermedad, sus padres buscaron opciones para que siguiera estudiando.
Ante esto solicitaron una asistente especial de dicha cartera para que pudiera atender a su hija durante su estancia en el centro educativo.
Sin embargo, las autoridades de la Escuela Laboratorio le negaron esta posibilidad, por lo que les tocaba a ambos progenitores cumplir como asistentes en el acompañamiento de su hija.
Con el paso del tiempo Pablo Rivera, papá de la niña, perdió el trabajo por ejercer este rol, mientras que su esposa debe pedir licencias de manera continua, lo cual impacta las finanzas del hogar.
Por ende, la familia optó por interponer un recurso de amparo contra las autoridades académicas para que le brinden la asistencia necesaria a su hija, quien tiene derecho a continuar su desarrollo académico.
Después el tribunal constitucional resolvió el 23 de julio en el expediente 24-015226-0007-CO que el MEP tiene que garantizar “Asistente de Servicios de Educación Especial” de manera inmediata, sin embargo, Rivera y su esposa aún siguen esperando esta ayuda.
Según consta en el oficio DVM-PICR-DPI-DDSE-2281-2024, Karla Cubero, jefa del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos del MEP, indica que no es posible brindar dicha ayuda a la menor porque no tienen presupuesto para abrir una nueva plaza.
“Durante el año 2024, no se crearán nuevas plazas en los ministerios ni en sus órganos desconcentrados, excepto por autorización de la Autoridad Presupuestaria, que incluya una evaluación de su impacto sobre el cumplimiento de la regla fiscal en el gasto efectivo”, se lee en el texto.
Esa situación dejó un sinsabor a la familia Rivera Morales porque, aunque la Sala IV falló a su favor, aún no le dan la solución que requieren.
“Nos encontramos a la espera de que se cumpla lo que ordena la Sala IV y se le asigne una asistente a la menor. Debe prevalecer el interés superior de la menor, quien tiene derecho a recibir una educación acorde con sus necesidades”, manifestó Gonzalo Sánchez, abogado asesor de la familia.
Asimismo, DIARIO EXTRA conversó con Rivera, quien dijo que están a la espera de una resolución de Tribunal Contencioso Administrativo y confían en que esta situación siente un precedente, al mismo tiempo lamenta que no se respete la decisión de la Sala Constitucional.
“¿Qué pasa si en febrero me dicen que tampoco hay presupuesto y el otro año que tampoco hay presupuesto? Yo no sé qué tanto poder tiene la Sala Constitucional en el tema”, cuestionó.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica quiso conocer si en el MEP existe alguna novedad en este caso, sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.