MEP admite crisis educativa y presenta plan para revertirla

Más de siete de cada diez estudiantes costarricenses estuvieron de tres meses con sus centros educativos cerrados durante la pandemia, mientras que solo el 28% alcanzó, al menos, el nivel dos de desempeño en Matemáticas en las pruebas PISA 2022. Estos datos forman parte del diagnóstico utilizado para plantear una nueva estrategia de calidad educativa para los próximos diez años. El Ministerio de Educación Pública (MEP) reconoce, en su Política Institucional de la Calidad Educativa 2026-2036, que el sistema enfrenta una crisis de aprendizajes y de equidad, agravada por las interrupciones educativas y las brechas de conectividad. 

Así las cosas, el documento establece una ruta de trabajo para fortalecer la evaluación, mejorar los aprendizajes y atender las diferencias entre territorios y poblaciones. 

La política tendrá un horizonte de diez años y busca que las decisiones del sistema educativo se basen en información y evaluación. El MEP plantea fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación (Snece) como mecanismo rector para integrar la evaluación, la planificación, el seguimiento y la rendición de cuentas.

Contraloría y Auditoría señalaron debilidades

Por su parte, también incorporan señalamientos realizados por la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría Interna del MEP sobre la forma en que se evalúa la calidad educativa.

La Contraloría determinó en 2022 que el Snece presentaba ausencia de una visión estratégica, problemas de articulación entre actores y limitaciones para generar información integrada y comparable que pudiera utilizarse para tomar decisiones.

La Auditoría Interna señaló, en 2025, la ausencia de una visión y fallos relacionadas con el desarrollo e implementación del mismo sistema.

El documento plantea que superar estas limitaciones permitirá utilizar los resultados de evaluaciones para identificar brechas, definir intervenciones, asignar recursos y dar seguimiento a los resultados educativos.

Seis ejes para los próximos diez años

La política establece seis áreas de trabajo: Acceso y permanencia; pertinencia curricular; fortalecimiento de la labor docente; entornos educativos adecuados; sistematización del desempeño estudiantil; y evaluación para la mejora continua.

Entre los principales desafíos identificados están la recuperación de aprendizajes en Matemáticas, Lectura y Ciencias, la transformación digital, el uso de inteligencia artificial en educación, la reducción del estrés docente, la atención de las brechas territoriales y la mejora de la infraestructura educativa.

En cuanto al estrés docente, este ya acumula datos. Según la encuesta Talis 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 65% señaló la carga administrativa como una fuente de estrés, el 55% la preparación de lecciones y el 54% el manejo disciplinario. Además, más del 30% reportó sentirse estresado la mayor parte del tiempo.

La política advierte que una implementación parcial o la falta de aplicación podría mantener la fragmentación institucional, limitar la disponibilidad de evidencia para tomar decisiones y aumentar las brechas educativas entre territorios y poblaciones vulnerables.

Expertos cuestionan caída de la inversión

Dagoberto Murillo, investigador del Estado de la Educación, señaló que la reducción sostenida de la inversión educativa ocurre mientras el país mantiene brechas que todavía no han sido atendidas, especialmente en calidad, equidad y acceso a oportunidades educativas. 

“Los análisis más recientes también apuntan a una pérdida de prioridad de la educación como garante de ese principio orientador de los derechos humanos o del desarrollo humano sostenible”, dijo Murillo. 

El investigador advirtió que aumentar los recursos por sí solo, no garantiza una mejora en los resultados de aprendizaje. Para Murillo, la inversión debe dirigirse a áreas estratégicas como la cobertura y la equidad, los ambientes de aprendizaje, la mejora de los aprendizajes y la formación de docentes, con metas claras que permitan medir su impacto.

En esa línea, un criterio similar plantea David González, investigador del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA), quien señaló que la discusión sobre el financiamiento debe partir de entender la educación como un derecho y un bien público, y no únicamente como un servicio.

“Si lo vemos como un servicio, aquí es donde podemos fácilmente quitarle a la educación algunos colones y llevarlos para otro lado. Pero la educación hay que verla como un derecho y fundamentalmente como un bien público”, expresó González.

Agregó que los recursos destinados a educación representan una inversión para el presente y el futuro del país, por lo que consideró necesario replantear la discusión sobre el financiamiento y las prioridades del sistema educativo.