MEP acudirá a la Procuraduría para determinar legalidad de huelga docente

El Ministerio de Educación Pública (MEP) verificará el cumplimiento de los requisitos legales de la huelga convocada por los sindicatos de educación para este miércoles 11 de noviembre.

El ministro Leonardo Sánchez anunció que la institución documentará lo ocurrido en cada centro educativo y solicitará la intervención de la Procuraduría General de la República para que el caso llegue al juzgado de trabajo.

Durante una entrevista en Extra Radio, el jerarca explicó que corresponde a los tribunales determinar si el movimiento es legal o ilegal, no al Ministerio ni a las organizaciones sindicales.

Leonardo Sánchez
Ministro de Educación

“Nosotros como MEP estamos en la obligación, en caso de que se suspendan las lecciones, solicitar a la Procuraduría General de la República para que envíe al juzgado de trabajo toda la documentación para que determine si es legal o ilegal la huelga”, afirmó.

Sindicatos deben cumplir requisitos

Sánchez indicó que, al tratarse de una huelga contra políticas públicas, las organizaciones deben demostrar que existe una afectación directa a los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras.

Además, señaló que los sindicatos deben presentar un documento en el que indiquen las fechas, horarios, centros educativos afectados, modalidades de enseñanza involucradas y quién asumirá la responsabilidad del movimiento.

Centros educativos deben mantener servicios

El jerarca advirtió que, aunque se suspendan las lecciones, los centros educativos deben permanecer abiertos y garantizar condiciones básicas de limpieza y seguridad.

También señaló que deben mantenerse los servicios esenciales, como los comedores estudiantiles y la atención requerida para estudiantes de educación especial.

“Los centros educativos deben permanecer abiertos con condiciones básicas, llámese de aseo, llámese de seguridad, deben garantizar la atención requerida a la educación especial, los servicios que son esenciales como comedores, no se pueden interrumpir”, manifestó.

Sánchez agregó que el MEP documentará la situación en cada institución y, una vez que la Procuraduría remita la información al juzgado de trabajo, corresponderá a esa autoridad resolver sobre la legalidad del movimiento.