
Patricia Rojas, ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), considera que el país queda con una deuda pendiente ante la falta de legislación específica que regule la relación entre los proveedores de servicios y los consumidores financieros.
En el 2024, presentaron un primer proyecto de ley con varias recomendaciones que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin embargo, la iniciativa no recibió el visto bueno de las diputaciones.
“Hoy por hoy, el MEIC solo puede hacer lo que la Ley 7.472, en defensa del consumidor, le permite. Nosotros hemos ido estirando lo que se puede hacia el consumidor financiero, pero definitivamente se requiere una legislación diferente. Ahorita estamos trabajando en un texto nuevo, un texto diferente para volverlo a presentar a la Asamblea”, indicó Rojas.
El diputado oficialista, Manuel Morales, comentó que presentarían el segundo proyecto en febrero del próximo año para que los legisladores que resulten electos en las elecciones continúen el proceso.
Patricia Rojas
Ministra Meic
“En el mercado de productos financieros hay asimetrías y el consumidor financiero necesita una mayor protección porque tiene menos poder. Eso lo debe hacer el Estado, es el que debe proteger a través de una ley al consumidor financiero”.
“Es un proyecto que siempre consideré noble, porque es para proteger a los consumidores, los cuales somos todos los costarricenses cada vez que hacemos una transacción monetaria, pero hubo presiones para que no avanzara. Entonces, al final, entre emociones que cambiaban la esencia del proyecto no continuo.
El nuevo proyecto, siempre en la misma línea, tendrá algunas recomendaciones que se hicieron, que vemos positivas, y otras que puedan proteger aún más al consumidor financiero y que sea la próxima Asamblea Legislativa la que lleve la discusión de este nuevo proyecto”, agregó.
Rojas mencionó que en la discusión se generaron fricciones con respecto a las atribuciones de supervisión que se le asignaban al MEIC. Además, espera un mayor consenso en la segunda propuesta.
Manuel Morales
Diputado oficialista
“Hay algunos puntos que la empresa privada sugiere que son destacables y que se pueden aceptar, pero siempre la prioridad va a ser el consumidor final. Se va a trabajar en consenso con banca, empresarios, la Defensoría de los Consumidores y participación ciudadana”.
“Había algunos actores que, en realidad no estaban completamente en contra, pero no se dio la oportunidad para la discusión. Era un tema de terminología, porque el proyecto hablaba de la supervisión de conducta y entonces decían, ‘Eso ya lo hacen las superintendencias’. Las superintendencias hacen un tipo de supervisión de una conducta que no tiene nada que ver con el consumidor. Nosotros estábamos hablando solamente la relación del proveedor con el consumidor y la conducta que se da ahí”, expresó Rojas.
La jerarca reiteró que existe una asimetría entre los consumidores financieros y los proveedores de servicios, por lo que destacó la importancia de una ley que proteja a los costarricenses.

