Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Más de 500 medicamentos tendrán un precio máximo de venta al consumidor a partir de diciembre, luego de que el Gobierno estableciera una regulación temporal para atender distorsiones identificadas en la comercialización de productos farmacéuticos.
En los productos cuyo precio actual supere el límite fijado, se estima una reducción promedio cercana al 30%.
“Intervenimos donde el mercado no logra corregirse por sí solo. Es una medida temporal, técnica y focalizada, con un objetivo claro: que las personas paguen menos por los medicamentos de mayor relevancia para su salud”, señaló María del Milagro Solórzano León, ministra de Economía, Industria y Comercio.
La medida comprende 68 principios activos o combinaciones, agrupados en 142 categorías farmacéuticas que incluyen 356 medicamentos identificados según presentación y concentración. Al considerar las distintas marcas comerciales disponibles, la canasta alcanza 517 productos.
El MEIC realizó la selección mediante una metodología de la Dirección de Análisis Económico y Comercial (DAEC), que tomó en cuenta la representatividad del gasto privado, relevancia terapéutica, gasto de bolsillo, perfil epidemiológico, importancia dentro del mercado y condiciones de competencia y concentración.
El decreto establece un precio máximo por unidad para cada una de las 142 agrupaciones. El cálculo podrá expresarse por tableta, cápsula, frasco, tubo, dispositivo u otra unidad equivalente y, cuando un empaque contenga varias unidades, el límite se determinará proporcionalmente.
“El monto funcionará como un tope y no como un precio único o sugerido. Por esa razón, los medicamentos podrán venderse por debajo del límite establecido y se mantendrá la posibilidad de competencia entre establecimientos, marcas de productos genéricos e innovadores”, explica el ministerio.
El decreto ejecutivo N.º 45934-MEIC fue publicado este 23 de setiembre en La Gaceta y comenzará a regir tres meses después. Ese periodo permitirá a los agentes económicos ajustar inventarios, procesos administrativos, sistemas de información y mecanismos de comercialización.
Una vez que entre en vigor, la regulación tendrá una vigencia de hasta seis meses.